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La Fiscalía de Medio Ambiente pide cuatro años de prisión y 16 de inhabilitación, además de una multa de 8.000 euros, para el exalcalde de Badalona del PSC Rubén Guijarro por un delito contra la ordenación del territorio. Los hechos se remontan a los años 2018 y 2019, cuando era concejal de Urbanismo del gobierno del también socialista Álex Pastor —Guijarro fue alcalde después, entre 2021 y 2023.
Fiscalía le acusa de no perseguir a los responsables de varias construcciones ilegales que los Agentes Rurales habían alertado de que se habían hecho en parcelas del espacio protegido de la Cordillera de Marina. Además de Guijarro también están acusados dos técnicos: el jefe de disciplina urbanística y el jefe jurídico de Urbanismo. El juicio se celebra este miércoles en la Audiencia.
El caso afecta a unas parcelas rurales de la Cordillera Marina donde la normativa urbanística no permite usos residenciales ni recreativos, entre otras restricciones. Era, explica la fiscalía, un suelo no urbanizable “especialmente protegido por su valor natural”. Sin embargo, los Agentes Rurales detectan que en varias fincas se han realizado obras ilegales.
En concreto se habla de varias tipologías de vivienda en parcelas donde la calificación de los terrenos no lo permite. Eran, detalla el ministerio público, unas actuaciones “totalmente contrarias a la normativa urbanística municipal y autonómica”. Además, se da la circunstancia de que los responsables de las obras ilegales eran personas que habían ocupado ilegalmente las parcelas.
Sin embargo, cuando los diferentes informes de los Agentes Rurales llegaron a la mesa de Guijarro y los otros dos técnicos acusados, se optó por no iniciar ningún expediente sancionador en ninguno de los casos. En alguno de los casos, incluso se pidió sin éxito a la propiedad que pidiera una licencia por los trabajos realizados a pesar del carácter “manifiestamente ilegalizable” de la obra.
“Se alejaron de sus obligaciones legales”, relata la fiscalía sobre la actuación de Guijarro y los dos técnicos acusados de un delito sobre la ordenación del territorio. Lo que sí hicieron los acusados fue pedir a los propietarios de las fincas la “restitución de la realidad física” de los terrenos, pese a que tenían identificados los ocupas que habían hecho las obras ilegales.
También en todos los casos, los acusados acabaron iniciando meses más tarde expedientes sancionadores contra los propietarios de los terrenos afectados “sabiendo en todo momento que tenían que haberlo dirigido contra las personas que sabían que había hecho aquellas construcciones”. Según la fiscalía, la situación se reprodujo en al menos seis ocasiones.
