Una empresa pagará 19.000 € a dos empleadas por no aplicar el convenio correspondiente

Eurest Compass Group es quien gestiona estos dos grandes comedores del Ayuntamiento de Barcelona. Según el sindicato, el contrato contempla que hay dos convenios de aplicación para las trabajadoras: hostelería para las que hacen la comida y acción social para las que hacen la gestión de diversos servicios para los usuarios y están en coordinación con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

Según el sindicato, durante los 10 años que dura el contrato, la compañía ha aplicado a todas las trabajadoras de los dos comedores sociales en cuestión el convenio de hostelería y eso se traduce en una diferencia salarial de entre 150 y 500 euros al mes por cada empleada que realiza tareas de acción social.

La CNT comenzó a reclamar en 2021 que se cumpliera lo que dice el contrato y, ante la “negativa” de la empresa y el “silencio” del consistorio, interpuso una demanda en un juzgado de lo social en 2022. En 2023 el juzgado emitió una sentencia estimando las dos demandas y reconociendo “su derecho a que se les aplique el Convenio de acción social”. Además, condenaba a Eurest a abonar los conceptos reclamados y por el periodo entre junio de 2021 y febrero de 2023.

Sin embargo, el sindicato ha asegurado que la empresa continuaba sin aplicarlo a la totalidad de la plantilla. Adicionalmente, Eurest va recurrir contra la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que las tareas que hacían las dos trabajadoras estaban relacionadas con la hostelería.

En febrero de este año, el TSJC emitió sentencia desestimando el recurso de Eurest y obligándola a cumplir lo que dictaminó el juzgado de lo social. Es decir, a aplicar el convenio de Acción Social a las trabajadoras que realizan estas tareas y a pagar retroactivamente los importes no percibidos.

Según los cálculos de la CNT, esto supone abonar a las dos trabajadoras que demandaron más de 19.600 euros retroactivamente por las diferencias salariales. Además, han afirmado que a partir de ahora la nómina mensual de estas empleadas debe subir de 150 a 500 euros mensuales.

La CNT ha ido más allá, sin embargo y ha asegurado que en la última década la compañía ha ingresado más de 200.000 euros de dinero público que iba destinado a las trabajadoras si se hubiera aplicado correctamente el salario que les correspondeba.

El sindicato ha criticado que todo esto ha pasado con “connivencia” de los diversos gobiernos en el Ayuntamiento de Barcelona. Para CNT, esto demuestra que la administración pública “no tiene y no quiere implementar” medidas de control para asegurarse de que se cumplen los contratos públicos.