.gif)
El Consejo de Europa ve como “una gran preocupación” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena un 25% de clases en castellano en la escuela si una familia lo pide.
Según un informe publicado este martes por el comité de expertos para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, el organismo considera que estas decisiones son “incompatibles” con compromisos ratificados por el Estado en virtud del tratado y pide a las autoridades españolas que tomen “todas las medidas necesarias” para poner remedio la situación.
Al mismo tiempo, el Consejo de Europa lamenta la falta de garantías dentro de la legislación española para celebrar juicios en lenguas regionales o minoritarias.
“El comité de expertos está profundamente preocupado por una serie de decisiones judiciales adoptadas por los tribunales superiores de justicia autonómicos y confirmadas por el Tribunal Supremo, cuya ejecución ha generado incertidumbres sobre el uso de la lengua en la enseñanza en varias comunidades autónomas”, señala el documento.
Al respecto, el organismo recuerda que España optó por el nivel de protección “más elevado” de las lenguas regionales y minoritarias cuando suscribió la carta europea, un hecho que implica “impartir una enseñanza con la lengua regional o minoritaria como medio de instrucción”, teniendo también en cuenta el castellano como lengua oficial del estado y la enseñanza de lenguas extranjeras.
“Este principio debe aplicarse de forma flexible“, subrayan.
En este sentido, el comité de expertos vuelve a hacer mención de la carta europea y aclara que la protección de las lenguas minoritarias o regionales “no debe ir en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas”.
“En determinadas escuelas, según su entorno sociolingüístico, salvaguardar el aprendizaje de la lengua oficial del estado puede conllevar la necesidad de reforzar su enseñanza utilizó como medio de una o más asignaturas; […] pero fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro educativo es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta europea”, concluye.
Un uso “bajo” del catalán en los juzgados
De una forma similar a la situación del catalán en las escuelas, el Consejo de Europa considera que el Estado tiene un amplio margen de mejora en el sistema judicial.
Según el informe publicado este martes, la legislación española actual “no garantiza que los juzgados puedan llevar a cabo procedimientos en la lengua regional o minoritaria oficial a petición de las partes”. Al mismo tiempo, observa que “no parece que las partes en el proceso sean informadas específicamente de esta posibilidad en ningún momento, independientemente de si la parte tiene conocimiento o no del catalán”.
De hecho, el documento denuncia que “la mayoría” de los órganos judiciales desatan las peticiones de recibir documentación en lenguas oficiales regionales o minoritarias y lamentan que el número de diligencias realizadas en casos como el del catalán es “bajo“.
El comité no sólo apunta a los juzgados, sin embargo, sino que también hace una breve mención a otros servicios públicos.
“Hay que hacer más esfuerzos para asegurar la presencia de todas las lenguas regionales, especialmente en la policía y en los servicios de salud, aunque también en otros campos como los procesos de licitación con empresas privadas, que generalmente no incluyen requisitos lingüísticos específicos”, destaca.
Sobre este último punto, si bien en el Consejo de Europa reconoce que la administración local a menudo exige el conocimiento de la lengua regional entre los trabajadores públicos, también apunta que la disponibilidad de personal con suficiente nivel entre las administraciones estatales es “bajo“.
Más allá de la situación del catalán en Cataluña, los expertos también hacen un apunta sobre el catalán en Aragón y el valenciano en zonas de Murcia, donde consideran que el Estado debe garantizar “la preservación y un cierto nivel de protección” en la lengua.
Problemas en todo el Estado
El estudio del Consejo de Europa no sólo se centra en el catalán, sino que también analiza los casos del valenciano, el aranés, el vasco, el gallego o el asturiano, entre otros.
En líneas generales, la conclusión es la misma, señalando que la implementación “plena” de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en área como la justicia o la administración pública aún no se ha alcanzado.
El comité de expertos pone especial atención al caso de Aragón, Baleares y el País Valenciano, donde ha detectado “un deterioro” en la situación de las lenguas regionales o minoritarias a lo largo de los últimos años.
