El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto en valor hoy la aprobación del nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de rentas del alquiler a través de un Decreto ley de medidas urgentes aprobado ayer por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Las medidas aprobadas adoptan a la Generalitat de capacidad para sancionar el alquiler de viviendas por encima de la renta máxima definida por el sistema de referencia de los precios de arrendamiento.
En Barcelona las competencias en vivienda se encuentran consorciadas en el Consorcio de la Vivienda social de Barcelona y es en este marco que el Ayuntamiento de Barcelona se propone actuar con celeridad para garantizar que los contratos de alquiler firmados en la ciudad no se sitúen fuera del marco legal, sea por un precio superior al marcado por el índice de precios de referencia o por reflejar una temporalidad que no se corresponde con el uso real de la vivienda. la vivienda.
El nuevo Decreto-ley modifica preceptos de la Ley del derecho a la vivienda y de la Ley del Código de consumo de Cataluña y establece la competencia sancionadora exclusivamente a la Generalitat. Por este motivo, el alcalde de Barcelona ha dado la instrucción a los servicios municipales para que inicien los trabajos para el desarrollo de la norma coordinadamente con el Gobierno de la Generalitat y poner a disposición las herramientas y los recursos municipales necesarios para poner en marcha la nueva normativa.
“No tenemos tiempo para perder en la lucha por una vivienda digna y asequible. Necesitamos poner todas las políticas públicas al servicio de este objetivo, sobre todo para ayudar a las clases medias trabajadoras y a los y las jóvenes de nuestra ciudad” ha declarado Jaume Collboni. “En Barcelona la vivienda tiene que ser para vivir en ella, no para hacer negocio” ha matizado el alcalde.
Una de las prioridades del gobierno municipal es garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible a la ciudadanía y doblegar esfuerzos con todos los actores implicados para ampliar el parque público de vivienda protegida en la ciudad. Esta normativa ofrece una nueva herramienta al Ayuntamiento para luchar contra el fraude del alquiler de temporada y recuperar el máximo número de viviendas para destinarlas a su uso principal: el uso residencial. En este sentido, el Ayuntamiento también está trabajando para eliminar los más de 10.000 pisos turísticos antes del año 2028 y destinarlos a uso residencial.
Sanciones contra las prácticas abusivas en el alquiler temporal
Las infracciones se considerarán muy graves cuando el precio de alquiler fijado sea más del 30% superior al que marca el índice de precios de referencia, cuando no se haga constar la finalidad del contrato o cuando se trate de uso fraudulento como el alquiler de temporada por un uso permanente o habitual. También cuando al inquilino se le carguen los gastos de gestión. En estos casos, las sanciones irán de 90.000 a 900.000 euros.
En cuanto a las infracciones graves, se considerarán cuando el precio fijado del alquiler sea hasta un 30% superior al que marca el índice de precios de referencia, o cuando en el contrato o en la oferta de la vivienda no conste se haga referencia al índice o el importe de la renta del contrato anterior. En estos casos, el importe de la sanción sereno de 9.000 a 90.000 euros.