.gif)
Varios testigos han asegurado este martes en el juicio de la Audiencia de Barcelona por el ‘caso de las antenas’ de Badalona, que el consistorio no llegó a regularizar nunca del todo las dos antenas de telefonía instaladas junto a la comisaría de la Policía Local.
En la segunda sesión del juicio contra el alcalde badalonés, Xavier Garcia Albiol, y otros excargos municipales, ningún testigo ha podido certificar al 100% que la situación fuera plenamente legal. Incluso los Mossos d’Esquadra no pudieron conseguir ningún comprobante del pago de las tasas municipales por uso de suelo público.
La responsable de ordenación de infraestructuras de Vodafone, encargada de supervisar la legalidad de los emplazamientos, ha asegurado que el de Badalona era un ayuntamiento “ejemplar” en todo lo relativo a la legalización de sus instalaciones de telefonía. Ha recordado que su interlocutor con el consistorio era Xavier Salvà, director de Urbanismo de Badalona, aunque no ha recordado muchos de los detalles que le pedía la fiscal durante el interrogatorio.
A pesar de no recordar los detalles concretos, ha explicado que la antena provisional que se instaló en la colina en el mes de julio de 2012 tenía que sustituir temporalmente (al final fueron seis años) a la que daba cobertura a un área concreta de la ciudad y que dejó de operar cuando el contrato con la operadora finalizó. También ha dicho que las instalaciones de uso temporal no requieren licencias, sí de los permisos correspondientes, y que el trámite en este caso se resolvió en seis días, entre el 12 y el 20 de julio.
El segundo testigo ha sido el de un trabajador de una empresa que se dedicaba a la contratación de emplazamientos para instalaciones de telefonía. Estaba contratada por Vodafone. Ha explicado que él hablaba con Miguel Ángel Sánchez, trabajador de la empresa pública Engestur, y que no pudo regularizar la instalación de la antena provisional porque no se entendieron, ya que Sánchez le hizo una petición que no era ortodoxa en la forma y que él acogió con escepticismo: la firma de un acuerdo para que el perceptor de los ingresos fuera una empresa pública, Engestur.
Así, ha explicado que esta forma de proceder no era la normal y que cuando le pidió a Sánchez la documentación que acreditara que esto se podía hacer legalmente no obtuvo nunca una respuesta clara y que la cosa finalizó sin que pudiera regularizar la antena. Ha añadido que sus intentos por regularizar la situación duraron meses y que nunca consiguió desencallarla.
Como la primera testigo, ha explicado que esta antena provisional se quería instalar para cubrir una zona que había quedado sin cobertura porque había vencido el contrato del anterior operador. La urgencia venía de que cuando los clientes se quedan sin cobertura cambian de operador y que por eso Vodafone tenía prisa.
El mozo de escuadra a quien se le asignó la denuncia por la instalación de las dos antenas ha explicado que ni ayuntamiento, ni Engestur ni las telefónicas, Vodafone y Movistar, le pudieron dar ningún tipo de documentación sobre la instalación de las dos antenas ni del pago de las tasas para instalarlas. Cuando habló con un representante sindical de la Policía Local le explicó que ellos tampoco pudieron obtener ningún documento que acreditase la instalación de las antenas cuando les reclamaron porque dentro del cuerpo policial había inquietud por cuestiones de salud y las emisiones radioeléctricas.
Finalmente han declarado dos trabajadoras de Vodafone y dos trabajadores de las empresas que instalaron las antenas, que han asegurado que hicieron todo lo que tenían que hacer según la legalidad.
