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El conocido como ‘caso de las antenas’ llega este lunes a juicio, con el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, como principal acusado. Los hechos se remontan al primer mandato de los populares en Badalona (2011-2015), cuando bajo la dirección del propio Albiol, que comandaba también el área de Urbanismo del Ayuntamiento, se instalaron ilegalmente unas antenas de telefonía móvil en el Turó d’en Caritg, donde tiene su sede la Guardia Urbana de la ciudad. Fiscalía acusa a Albiol de prevaricación urbanística y ambiental y le pide una pena de dos años y diez meses de prisión, diez años de inhabilitación y una multa de 9.000 euros. También están acusados dos exaltos cargos y dos exregidores del Ayuntamiento, Miguel Jurado (PP) y Oriol LLadó (ERC).
El juicio de las antenas llega en el momento políticamente más dulce de Xavier Garcia Albiol. La mayoría absoluta conseguida en las pasadas elecciones municipales de 2023 lo hacían estar tranquilo al menos hasta el año 2027. Además, la contundencia de los resultados (el PP consiguió 18 de 27 concejales) hacía ya prever la reelección en los próximos años.
Ahora, sin embargo, sobrevuela al Ayuntamiento la amenaza de una sentencia condenatoria, que dejaría a Albiol en fuera de juego. Fiscalía pide hasta diez años de inhabilitación para la instalación ilegal de unas antenas de telefonía móvil en la ciudad durante seis años. El alcalde siempre se ha desentendido de la gestión de este asunto, pese a que durante sus primeros años de alcalde ostentaba también la concejalía de Urbanismo.
Los hechos se remontan a 2012. En el verano de ese año, Vodafone pidió instalar una antena en el Turó d’en Caritg y, según la acusación que hace Fiscalía, Albiol, el gerente de la empresa municipal Engestur, Tomàs Vizcaino, y el director de Urbanismo del Ayuntamiento, Xavier Salvà, lo autorizaron sabiendo que el emplazamiento “no era compatible urbanísticamente”.
Además, de acuerdo con la normativa urbanística, la calificación de los terrenos sólo habría permitido levantar un nuevo equipamiento cultural de carácter local. Igualmente, tampoco se concedió a la empresa ningún permiso de obras ni se hicieron los informes técnicos y jurídicos preceptivos. Al tratarse de una instalación de telecomunicaciones, también habría sido necesario tramitar una licencia ambiental, que tampoco existe.
Finalmente, y con el supuesto de que hubieran hecho correctamente los trámites y que los terrenos hubieran permitido la instalación de las antenas, el hecho de que se tratara de unos terrenos de titularidad pública, su uso por parte de una empresa privada hubiera requerido también la convocatoria de un concurso público, igualmente inexistente. Con todo, la primera antena se activó solo trece días después de haberlo pedido.
La operación se repitió unos meses después y en el otoño de ese mismo año también instaló una antena Movistar, igualmente sin licencia, informes ni concurso. La situación provocó quejas en el seno de la plantilla de la Guardia Urbana y es aquí donde interviene el cuarto de los acusados, el entonces concejal de Seguridad del PP, Miguel Jurado, que defendió la legalidad de las instalaciones ante los trabajadores.
Las dos antenas funcionaron ininterrumpidamente durante seis años, hasta 2018, lo que implica a más protagonistas en el mantenimiento de las irregularidades. Esto es así porque la derrota en las urnas de Albiol en las elecciones municipales de 2015 hizo cambiar a los responsables del área de Urbanismo del consistorio.
Según fiscalía, el nuevo concejal de Urbanismo del gobierno de Dolors Sabater (Guanyem), Oriol Lladó (ERC), “no hizo nada” para revertir la situación, aunque era conocedor porque le habían advertido los técnicos. Lladó habría seguido “tolerando” una actividad ilegal en la ciudad, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.
Por todo ello, Fiscalía pide a Albiol, Vizcaino y Salvà, dos años y diez meses de prisión, diez de inhabilitación y una multa de 9.000 euros a cada uno de ellos. En el caso de Jurado, que actualmente es concejal del PP en Santa Coloma de Gramenet, la petición de condena es de un año de inhabilitación. Para Lladó, Fiscalía pide un año y medio de prisión, inhabilitación durante diez años y 8.100 euros de multa.
El ministerio público también pide que las dos compañías telefónicas paguen cerca de 17.448 euros al Ayuntamiento de Badalona por las tasas no pagadas, según cálculos de la Oficina Antifraude. A Vodafone, además, le reclama que devuelva los 8.300 euros de electricidad consumida por haberse enchufado a la red eléctrica de la comisaría cuando instaló la antena.
Dos semanas de juicio
El juicio arranca este lunes en la Audiencia de Barcelona con el interrogatorio de los acusados y se prolongará siete días. Las sesiones que se han programado llegan hasta el 18 de diciembre. En total están citados a declarar más de una treintena de testigos, entre los que destacan policías, técnicos o concejales y exregidores del Ayuntamiento. Todos ellos declararán entre el 10 y el 16 de diciembre.
El 17 será el turno de los peritos. Hay seis, entre mozos de escuadra y responsables de la Oficina Antifraude o la Generalitat de Cataluña. También en esta sesión está previsto que se presenten las conclusiones, mientras que se ha reservado un último día, miércoles 18, para los informes finales.
