El Ayuntamiento de Mataró ha decidido personarse en dos causas penales abiertas contra trabajadores y cargos electos por la denuncia de una extrabajadora municipal, que a principios de año abrió dos procedimientos por acoso laboral, prevaricación y falsedad documental.
El caso, sin embargo, se remonta a finales de 2023, cuando la trabajadora llevó ante la Oficina Antifraude unas presuntas contrataciones, según ha dicho. El Ayuntamiento lo enmarca todo ello en un “conflicto laboral” sin derivadas penales y defiende en todo momento la conducta de las personas denunciadas. Sin embargo, el consistorio ha decidido personarse como responsable civil para tener acceso a toda la información, así como para actuar en consecuencia si finalmente se demostraran irregularidades.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, David Bote, asegura que toda la información recopilada hasta el momento por parte de “profesionales independientes”, que han hecho informes del caso, apuntan a una correcta actuación de los trabajadores denunciados.
“Estamos seguros de que los trabajadores han hecho lo que tenían que hacer“, insiste el alcalde, que se ha mostrado contundente a la hora de expresar la confianza del gobierno municipal en los empleados públicos: “Hace muchos años que trabajan al servicio de los ciudadanos y hasta ahora no han tenido oportunidad de poder explicarse”.
En este sentido, los procedimientos que instruyen dos juzgados de Mataró están en una fase muy inicial de las diligencias previas y los investigados no están citados hasta los meses de febrero y abril de 2025. Con todo, el abogado contratado por el Ayuntamiento, Carles Monguilod, cree que se acabará archivando porque “no hay contenido penal”.
Según Monguilod, la vía contenciosa sería “el espacio natural” para resolver un problema “administrativo” y lamenta que se haya optado por llevar el caso por la vía penal por su “efecto intimidatorio”. En el caso de acoso están citados cinco trabajadores y en el caso de prevaricación, además de funcionarios, también está investigado un exregidor.
El caso se remonta a finales de 2023, cuando una arquitecta interina denunció una decena de contrataciones El consistorio siempre lo ha negado y el caso ha desembocado en la vía penal después de que la trabajadora acabara fuera del Ayuntamiento porque no consiguió la plaza de funcionaria.
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