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Barcelona ha recuperado los antiguos Cuarteles de Sant Andreu después de que en julio se desalojara la última hermandad de legionarios que ocupaba el espacio. El desalojo tuvo lugar en verano, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha informado este viernes. El edificio había sido ocupado por tres entidades de legionarios desde hace más de una década. La última que permanecía en el espacio, hasta julio pasado, era la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. El local está ubicado en el paseo Torres i Bages y tiene un solar anexo de 5.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha explicado que el desempleo permitirá avanzar en la transformación de los antiguos cuarteles. En concreto, se construirá vivienda.
El desalojo parte del requerimiento judicial que hizo en 2022 el Consorcio de la Zona Franca a instancias de la Junta de Compensación, donde está presente el Ayuntamiento de Barcelona. Este requerimiento se hizo después de que la entidad rechazara una indemnización de 12.600 euros con el fin de abandonar los terrenos y el edificio que ocupaban en los antiguos cuarteles. En septiembre de 2023, el juzgado de primera instancia número 3 dictó una sentencia favorable al desalojo, contra la que la entidad interpuso un recurso de apelación. La Junta de Compensación instó la ejecución provisional de la sentencia, que fue aceptada por el mismo juzgado y ejecutada el 3 de julio.
En 2013, el Consorcio de la Zona Franca firmó un convenio con las Hermandades de Sargentos Provisionales, Caballeros Mutilados y Antiguos Caballeros Legionarios con el fin de cederles el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados, además del local de los antiguos cuarteles que ya ocupaban. El solar en cuestión debería haberse cedido por el Consorcio al Ayuntamiento a título fiduciario con la condición de que los terrenos estuvieran libres de edificios y ocupantes, en cumplimiento de la reparcelación de cuarteles aprobado en 2010.
El consistorio requirió en 2019 formalmente a la Junta de Compensación, entidad de naturaleza administrativa presidida por el consorcio, que entregara a la corporación municipal la finca ocupada libres de preexistencias. Tras la pandemia se reanudaron las negociaciones, fruto de las cuales dos de las hermandades aceptaron la indemnización y abandonaron el espacio. La tercera es la que fue desalojada en julio.
