Los hechos se remontan a 2003, cuando la mujer, que trabajaba como cajera en un supermercado, sufrió una agresión por parte de una clienta, lo que derivó en un diagnóstico de estrés postraumático severo. Este diagnóstico le permitió acceder a la prestación económica, destinada a aquellos que sufren limitaciones graves que les impiden desarrollar cualquier tipo de actividad laboral. Sin embargo, en 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social inició una revisión de su grado de incapacidad, lo que destapó una serie de irregularidades.
En las revisiones médicas posteriores, la mujer presentó un mutismo ostensible, pero sin ningún intento de comunicarse por escrito ni en persona durante las consultas. Un informe psiquiátrico alertó sobre la posible simulación de los síntomas, lo que llevó al INSS a solicitar una investigación más profunda.
En 2018 un detective privado contratado por la mutua documentó varias interacciones cotidianas de la mujer, en las que conversaba de manera fluida y sin ningún tipo de dificultad con personas desconocidas. En uno de los momentos más reveladores, el detective le preguntó por la ubicación de un comercio, El Corte Inglés, y la mujer respondió de manera natural, proporcionando detalles precisos.
Además, las redes sociales jugaron un papel clave en el caso. Según el informe del detective, la mujer había publicado fotos y comentarios en las redes sociales, donde participaba activamente en clases de zumba desde 2015, una actividad incompatible con la incapacidad que había alegado.
Con estas pruebas, el Tribunal concluyó que lo que inicialmente se había diagnosticado como un cuadro de estrés postraumático había desaparecido o bien nunca existió, confirmando que la mujer había simulado su incapacidad con el objetivo de recibir la pensión económica.
El tribunal desestimó el recurso presentado por la mujer, que intentaba reanudar el cobro de la pensión, y ratificó la resolución del Juzgado de Cádiz que ya había decidido suspender la prestación.
El fraude cometido por la mujer podría conllevar penas de prisión, además de la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas durante más de 16 años.
