El gobierno español inicia este mes de septiembreel curso más difícil desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018.
El ‘no’ de Junts a los objetivos de déficit apunta a la posibilidad de una nueva prórroga de los presupuestos generales del Estado y anticipa problemas para mantener como socio a esta formación, imprescindible para la mayoría.
Mientras intenta retener a Junts, Sánchez recibe los embates del PP en materias como la inmigración, y tiene pendiente el despliegue de los acuerdos con ERC para la investidura de Illa, especialmente en lo que se refiere a una financiación singular para Cataluña, que topa no sólo del PP, Vox y los territorios controlados por los populares, sino también de socios como Compromís.
Después de un año en el que las aritméticas parlamentarias han llevado al ejecutivo a aprobar sólo cinco leyes, entre las que se encuentra la amnistía, el gobierno español abre un curso político donde volverá a encontrar dificultades para aprobar leyes en el Congreso.
El principal reto son los presupuestos generales del Estado para 2025.
El ejecutivo español está decidido a presentarlas a la cámara baja, pero fuentes de la Moncloa admiten ya abiertamente la posibilidad de que las cuentas no dispongan del apoyo de Junts y que, por tanto, haya que ir a una segunda prórroga.
El ejecutivo dará el paso a la espera de un cambio en la relación con la formación de Puigdemont que le permita alcanzar los 176 votos necesarios para la aprobación de las cuentas.
Si no se aprueban, apuntó la portavoz, Pilar Alegría, será responsabilidad de las formaciones.
Fuentes de la Moncloa sostienen que en el peor de los casos la prórroga se haría sobre unos presupuestos elaborados por el gobierno de coalición PSOE-Podemos, y por tanto son expansivos.
Hoy por hoy, el ejecutivo de Sánchez descarta ningún adelanto electoral, pese al lapsus del pasado martes de la portavoz, Pilar Alegría, que situó el final de la legislatura en 2025.
La relación con Junts está condicionada por el Congreso que esta formación debe celebrar en el mes de octubre y por la no aplicación por parte del Supremo de la Ley de amnistía sobre el expresidente Carles Puigdemont.
El ejecutivo español sostiene –en palabras del ministro Bolaños- que hay que esperar a que se resuelvan los procedimientos judiciales (que acabarán en manos de un Tribunal Constitucional con mayoría progresista), y atribuye al momento pre-congresual el hecho de que Junts se desmarque de la mayoría.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este miércoles que su gobierno trabajará como hasta ahora para alcanzar acuerdos que le permitan sumar mayoría al Congreso.
Paralelamente, el gobierno español tiene pendiente la concreción y el despliegue de los acuerdos con ERC –también inmersa en un momento precongresual- para la investidura de Salvador Illa.
El principal gravita sobre la financiación singular.
El ejecutivo español aspira a acordar un nuevo sistema con todos los territorios, pero la dirección del PP se anticipó a una posible ruptura del frente común de los presidentes autonómicos del PP contra la reforma presentando un documento firmado por todos sus barones.
Los presidentes del PP critican al unísono lo que consideran que es una ruptura de la “igualdad”, pero no son capaces de consensuar una propuesta alternativa.
Al ‘no’ del PP se suma el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y también las quejas de socios como Compromís, que condiciona su ‘sí’ a los presupuestos generales del Estado a que se reforme todo el sistema de financiación y se ponga punto final al desvío que se produce en el País Valenciano.
Sánchez afronta además una pugna con el PP sobre inmigración.
Los populares (y Junts) se niegan por ahora a apoyar una reforma de la ley de extranjería que establezca un reparto obligatorio de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas.
La gira que el presidente Sánchez ha realizado esta semana en Mauritania, Gambia y Senegal ha acentuado el choque.
El ejecutivo español defiende un sistema de inmigración “circular” con retorno de los inmigrantes una vez acabada la temporada, y el PP acusa a Sánchez de promover un “efecto llamada”.
