Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha llegado poco antes de las diez de la mañana a los juzgados de la plaza Castilla de Madrid para declarar por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. La citación se ha repetido este viernes después de que hace dos semanas se negara a hacerlo al considerar que desconocía parte de la causa contra ella. Como sucedió la anterior vez, Gómez ha entrado en el tribunal por el parking y en medio de un notable despliegue policial. Hasta los alrededores del tribunal se ha desplazado también una treintena de manifestantes de la entidad ultra Hazte Oir, que forma parte de la acusación con otras organizaciones como Vox o Manos Limpias. Hoy también deben declarar varios cargos de la Universidad Complutense de Madrid.
La declaración de Gómez se ha producido este viernes después de que hace dos semanas se anulara argumentando que no conocía parte de la causa. El juez Juan Carlos Peinado, que le facilitó entonces toda la documentación del caso, decidió que había que programar otra citación que finalmente se ha producido esta mañana. Desde las acusaciones, lideradas por Vox, lamentaron entonces que la defensa de Gómez se agarrara a un “formalismo” para evitar declarar. “Una estrategia procesal amparada en un derecho que pone de manifiesto la falta de respeto de Begoña Gómez”, dijo hace dos semanas Jorge Buxadé, dirigente del partido y abogado de la acusación.
Gómez ha tenido que comparecer ante el tribunal después de que en abril se le abrieran diligencias por sus supuestas relaciones con varias empresas privadas, como Globalia o Air Europa, que recibieron fondos y contratos públicos del gobierno español durante la pandemia. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, a lo que se unió posteriormente la entidad ultra Hazte Oír.
Tal y como estaba previsto, la mujer del presidente ha llegado alrededor de las nueve de la mañana a los juzgados de la plaza Castilla en coche desde La Moncloa. Dentro lo esperaban un pequeño grupo de periodistas de tribunales y el agitador Vito Quiles, que ha sido expulsado del juzgado. El empresario Carlos Barrabés, testigo clave en el caso, declaró el lunes ante el tribunal y explicó que en las reuniones con la esposa de la presidenta en Moncloa también estaba Pedro Sánchez.
En los últimos días, el PP ha mantenido un tono duro sobre el caso y ha asegurado que la declaración de Gómez es “un hecho inédito en la historia de la democracia española”. Los socialistas, por su parte, lamentan que el PP se haya saltado todas las líneas rojas y atenga incluso a la familia del presidente. De hecho, este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que Sánchez “encarna la degeneración democrática” y le acusó de legislar “a golpe de citaciones judiciales“.
Las palabras del dirigente popular en la COPE se produjeron justo 24 horas antes de la citación de Gómez y justo después de que Sánchez explicara en el Congreso su plan de “regeneración” democráticos y de los medios. Para Feijóo, las promesas del jefe del ejecutivo suponían una “cortina de humo” y una “nebulosa” a horas de la comparecencia de Gómez. Los socios de Sánchez, en cambio, hablan abiertamente de ‘lawfare’ judicial contra el líder del PSOE y su entorno.
En los últimos días, se han sucedido nuevas informaciones señalando las supuestas malas prácticas de Gómez. Este jueves ‘El Confidencial’ publicó que la Universidad Complutense de Madrid había pedido al juez del caso que investigue un contrato público adjudicado “a dedo” por la mujer de Sánchez a la consultora Deloitte en 2023. El servicio fue concedido por un precio de 14.999 euros más IVA, sólo un euro por debajo del tope legal que habría obligado a Begoña Gómez a convocar un concurso de licitación, según el digital.
Por otro lado, varios medios han explicado que la defensa de Gómez habría solicitado al magistrado que este viernes no lleve a cabo el interrogatorio en calidad de testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, dado que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay ninguna referencia a la universidad ni a delito. que se pudiera haber producido en su seno.
