La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su confrontación con el gobierno central, ya que como ha anunciado en el foro Nueva Economía Fórum, su Gobierno regional ha presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes”.
Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid ha pedido la recusación del magistrado Conde Pumpido, pero también del exministro Juan Carlos Campo y de Laura Díez por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, el partido que presentó el texto, “lo que le inhabilita para enjuiciar su constitucionalidad”.
Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión en el escenario político y judicial, donde las acusaciones de parcialidad y politización del poder judicial han sido recurrentes en los últimos años.
La presidenta regional ha señalado también que la Comunidad de Madrid “no puede quedarse de brazos juntos ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia“. “Es una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional”. Supone, a su juicio, “otro paso más” del presidente, Pedro Sánchez, “en su operación destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima”.
En este sentido, la Comunidad de Madrid sostiene que la ley no solo quiebra la igualdad entre los españoles, sino que también vulnera la separación de poderes, al permitir que el legislativo invada competencias reservadas al poder judicial.
La dirigente autonómica ha prometido utilizar todas las herramientas a su disposición para evitar lo que considera un intento de “hundir España”.
Modificaciones encubiertas del texto institucional
La batalla jurídica y política en torno a la Ley de Amnistía no se limita al debate sobre su constitucionalidad. Ayuso ha criticado también el proceso de tramitación parlamentaria, asegurando que se han infringido preceptos tanto de la Constitución como del Reglamento del Congreso de los Diputados, lo que, en su opinión, ha derivado en una “reforma encubierta” del texto constitucional.
La ausencia de informes favorables por parte del Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces y fiscales, y los letrados de las Cámaras legislativas, según Ayuso, refuerza la falta de legitimidad de la ley.
En cuanto a las recusaciones, ha sostenido que las piden, entre otras razones, “por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía”, lo que “les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley”.
“Este es el motivo por el que el exministro Camp ha pedido abstenerse, debate que se mantendrá este martes”, ha recordado.
“Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo lo que le da sentido a España como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo”, ha alertado la jefa del Ejecutivo regional, al tiempo que ha sostenido que este “Gobierno no admite crítica ni respeta la pluralidad ni la verdad misma”.
