El proyecto de Hard Rock Entertainment World se anunció en 2012 como parte de una estrategia para diversificar la oferta turística de la Costa Daurada y atraer inversiones internacionales.
Concebido como un macrocomplejo dedicado al turismo, al ocio y al juego, su trayectoria ha estado marcada por promesas incumplidas, pasos en falso, obstáculos administrativos y una serie de conflictos con la clase política y las organizaciones ecologistas que han hecho que, más de diez años desde la propuesta, su futuro siga siendo una incógnita.
Para entender mejor qué ha ocurrido con este proyecto, vamos a echar la vista atrás y repasemos el camino que ha seguido Hard Rock Entertainment World y qué se puede esperar de él en el futuro.
Grandes esperanzas
En plena resaca de la crisis financiera, el gobierno catalán anunció la llegada de un proyecto llamado Barcelona World. Se iba a levantar junto a Port Aventura, en Tarragona, con una inversión prevista de 4.700 millones de euros y se estimaba que crearía 40.000 empleos, la mitad de ellos, directos.
Iba a ser la alternativa a Eurovegas, y todos sabemos ya cómo acabó aquello. Los impulsores del proyecto eran el empresario Enrique Bañuelos, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé y el por entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, además de varios consellers.
Junto a dos hoteles de lujo con unas 1.100 habitaciones, la estrella era un casino de 10.000 metros cuadrados, gestionado por Hard Rock International, propiedad de la tribu seminola de Florida. De ahí que Barcelona World pasara a llamarse Hard Rock Entertainment World tras cierta controversia con el nombre, que se consideraba centralista. El complejo albergaría también un centro comercial con 75 tiendas, un centro de convenciones y otras instalaciones culturales y de entretenimiento.
Piedras en el camino
El primer contratiempo surgió cuando un periódico descubrió que la empresa titular de la licencia del casino, adquirida en 2014 por Bañuelos para poder presentar una sociedad con más de cinco años de antigüedad con la que adquirir dicha licencia, era en realidad una empresa fantasma creada por el empresario Ramón Cerdà Sanjuán, condenado a 14 años de prisión por, precisamente, la creación de este tipo de empresas.
El proyecto se desarrollaba con lentitud en medio de numerosas trabas burocráticas y de constantes cambios legislativos y urbanísticos, que provocaron la retirada de varios socios del proyecto, entre ellos el propio Enrique Bañuelos. En 2018, tras una disminución significativa de las dimensiones del proyecto, la Generalitat autorizó la instalación y explotación del macrocomplejo, que redujo su inversión inicial a un máximo de 2.000 millones de euros.
Sin embargo, en 2022, un borrador del informe ambiental elaborado por la Consellería de Acción Climática de la Generalitat indicaba que el proyecto no cumplía los criterios medioambientales, lo que generó dudas sobre su viabilidad. Entre otras cosas, se estimaba que el centro de ocio consumiría el 20% del caudal del trasvase del Ebro a Tarragona, lo que provocaría un enorme impacto climático.
No sería el último varapalo del Govern al proyecto, que siempre ha sido motivo de disputa política. En 2023, ERC pactó con el PSC la ejecución del macroproyecto, a cambio de su apoyo a los presupuestos generales de ese año. El acuerdo no se repitió en 2024, y la polémica por el Hard Rock llevó al adelanto electoral en la comunidad, al no poder aprobarse los presupuestos de 2024.
La polémica fiscal
El golpe definitivo al Hard Rock Entertainment World podría haber llegado, curiosamente, de la mano de los que, un año antes, parecían querer salvarlo. A finales de 2024, el Parlament tramitó la reversión de los beneficios fiscales que se autorizaron en 2014 para que los inversores extranjeros pudieran participar en el macroproyecto. La propuesta contó con el apoyo de la CUP y Comuns, pero también del PSC y ERC.
Por aquel entonces, se rebajó la presión fiscal sobre el juego del 55% al 10%, y la nueva ley, aprobada a finales de enero de 2025, daba el paso inverso. Esta medida también beneficiaría a los mejores casinos online españoles, que podrían verse afectados por la competencia de un casino físico tan potente como el Hard Rock.
La líder de los comunes, Jéssica Albiach, comentaba que “pasar de un impuesto del 55% al 10% es un insulto a los trabajadores de este país”, y agradecía el apoyo de los partidos que, no hacía tanto, habían pactado por mantener el proyecto: “Es justo reconocer el cambio de posición del PSC y ERC. Les felicitamos”.
¿La luz al final del túnel?
Cuando todo parecía indicar que Hard Rock Entertainment World iba a dormir el sueño de los justos, han surgido voces que no dan todavía el proyecto por perdido. En febrero de 2025, el alcalde de Salou, Pere Granados, se mostraba convencido de que el proyecto saldría adelante, y decía que estaba “más cerca que nunca”.
Granados explicaba que la eliminación de las ventajas fiscales no implicaba que el Govern se opusiera al proyecto, e incluso afirmaba que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “siempre ha estado a favor”.
Por su parte, el gobierno sigue trabajando en el Plan Director Urbanístico, cuyo desarrollo, junto con el correspondiente informe ambiental definitivo, sería clave para la ejecución del proyecto. La empresa Hard Rock sigue sin hacer declaraciones y mantiene su compromiso en los registros oficiales, mientras espera el desbloqueo del marco normativo para iniciar la construcción de su casino.
