martes, 11 de febrero de 2025
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Todos los municipios catalanes tendrán fibra óptica en 2028

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Operaris treballant en el desplegament de fibra òptica a Súria (Bages)

El Gobierno ha reafirmado este lunes con los representantes locales su compromiso para ampliar la red de fibra óptica de titularidad pública, con el objetivo de extender la conectividad por todo el territorio.

Este 2025, se prevé superar los 8.000 km de red desplegada, pasando del 65% al 78% de los municipios catalanes conectados a la red. Todo ello, con el horizonte fijado al final de la legislatura —en el año 2028— para hacer llegar un punto de acceso a esta red de alta velocidad al 100% de los municipios catalanes.

Desde el inicio de la actual legislatura, se ha culminado el despliegue de cerca de 1.000 km nuevos de la red, lo que ha permitido conectar 82 municipios más. Al día de hoy, ya hay 6.700 km y 618 municipios (65% del total) conectados a la infraestructura.

Con el despliegue que se completará este año, se incorporarán 1.400 km más de red de fibra óptica de titularidad pública, de manera que se superarán los 8.000. Esto hará posible que 121 municipios más dispongan de punto de acceso a la red, y se conseguirá que un total de 738 municipios (78%) queden conectados a la infraestructura pública de fibra óptica.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, presenta el objetivo de hacer llegar la red pública de fibra óptica al 100% de los municipios durante esta legislatura

La culminación de los nuevos tramos de fibra óptica este 2025, así como el impulso de nuevas obras preparatorias para continuar expandiendo la red de fibra óptica, representan 91,5 millones de euros de inversión. La inversión acumulada desde el inicio del proyecto ya supera los 300 millones de euros. Se calcula que por cada euro invertido en la red pública se genera un retorno a la sociedad de 12,85 euros. El Gobierno calcula que faltan unos 100 MEUR más para acabar de llegar a todos los municipios.

Pero para el 20% de los municipios que faltarán será necesaria no sólo la colaboración de diputaciones y ayuntamientos, sino también del gobierno español, para que la fibra óptica pueda pasar por las carreteras de titularidad estatal, principalmente en el Pirineo, cosa que hasta ahora no sucedía. El Gobierno lo pedirá al ejecutivo español en próximos encuentros.

Esta infraestructura conecta las sedes y servicios públicos y, además, se abre a las operadoras privadas de telecomunicaciones para promover el despliegue de servicios de conectividad a la ciudadanía y a las empresas en todo el territorio. Las actuaciones para extender la red, pues, se enmarcan en el objetivo del Gobierno de garantizar el acceso a la fibra óptica en todo el país con el fin de preservar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades, el impulso del tejido económico, la superación de la brecha digital y el fomento del progreso económico y social en toda Cataluña.

Los datos se han dado a conocer este lunes en una reunión celebrada en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que ha contado con la participación del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Arán, Xavier Amor, la directora general de Infraestructuras Digitales, Cristina Campillo, y Demetrio Rico, director del CTTI.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau 1

Por parte de los gobiernos locales han asistido representantes de las cuatro diputaciones, de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), de la asociación de Micropueblos y de Herramientas de Repoblamiento. También estaban directivos de Red Abierta, del Consorcio Localret.

Dalmau ha marcado el reto de llegar al 100% del país como una manera de equilibrar el territorio y dar las máximas oportunidades. “Cataluña hay que pensar toda entera, necesitamos un país conectado, con cohesión territorial”, ha dicho. Por ello, también serán “exigentes” con las operadoras privadas para resolver las incidencias y para que desplieguen sus redes en puntos aislados a partir de la red pública.

 

Estrategia conjunta entre administraciones

El despliegue de la fibra óptica pública se lleva a cabo gracias a la colaboración entre la Generalitat y las diputaciones, en coordinación con el mundo local. La estrategia de conectividad impulsada por las instituciones públicas catalanas cumple una doble función: por un lado, conecta las sedes públicas, como escuelas y centros de salud, y, por otro lado, ofrece una infraestructura abierta a los operadores de servicios de conectividad a localidades donde, por las lógicas de mercado, no llegarían.

El objetivo es promover el acceso de internet de alta velocidad por todo el territorio, incluyendo zonas rurales y con baja densidad de población, como una herramienta clave para superar la brecha digital, reforzar la cohesión territorial y favorecer el desarrollo económico.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau

 

Cooperación con las operadoras privadas

En paralelo, el Gobierno continúa el trabajo iniciado en enero pasado en la reunión celebrada con las operadoras privadas y el mundo local, que sirvió para abordar acciones inmediatas que garanticen la conectividad del país y establecer un marco estable de cooperación. La actividad social y económica y la prestación de servicios públicos y privados tienen una dependencia clara de los servicios de telecomunicaciones prestados por las operadoras en el mercado libre. Por ello, además de poner todos los recursos posibles en la ampliación de la red pública de fibra óptica, el ejecutivo catalán seguirá trabajando para que las operadoras puedan hacer uso de esta infraestructura para hacer llegar sus servicios a todo el país, aumentar la robustencia de la red y facilitar una gestión rápida, una comunicación transparente y una reacción ágil ante incidencias y averías.

Entre las medidas acordadas en el encuentro de enero estaba la creación del Comité Técnico de Seguimiento de Incidencias de Servicios de Telecomunicaciones en Cataluña, la revisión de los mecanismos de contacto de los ayuntamientos con las operadoras, la elaboración de materiales de difusión para el mundo local y la definición de un protocolo de clasificación de la criticidad de las incidencias, entre otros. Todas ellas se materializarán en un protocolo que debe suponer un acuerdo de país entre el Gobierno, el mundo local y las operadoras privadas para avanzar hacia la plena conectividad de Cataluña.

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