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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la nueva ley contra el despilfarro alimentario, con 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Esta norma, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, obliga a los actores implicados a donar los alimentos que no hayan vendido, y establece un régimen sancionador con multas de hasta 500.000 euros para aquellas industrias, empresas de distribución al por menor, hostelería y restauración que no cumplan con las disposiciones.
La medida busca reducir la cantidad de alimentos que terminan en la basura y promover una cultura de la donación. Según los datos oficiales, en el año 2020 se tiraron 1.364 millones de kilos de alimentos, un promedio de 31 kilos por persona. Para abordar este problema, la ley prevé que los supermercados de gran superficie tengan que establecer acuerdos con bancos de alimentos u ONG para distribuir los productos con caducidad próxima, así como la creación de las líneas de venta para alimentos de poco atractivo estético pero aún aptos para el consumo.
El gobierno español, de la mano del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiere hacer frente al desaprovechamiento alimentario, que a nivel mundial afecta aproximadamente al 30% de los alimentos producidos, según la FAO. La norma también introduce la obligatoriedad de que los bares y restaurantes permitan a los clientes llevarse la comida no consumita, siempre que sea en envases adecuados.
Esta ley forma parte de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y aunque quedó aplazada durante la legislatura pasada por las elecciones anticipadas, finalmente ha sido aprobada en este mandato. La norma incluye medidas de “pedagogía” y buenos hábitos para todos los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero continúen siendo aptos para el consumo, en productos como jugos o mermeladas.
No obstante, la ley ha sido modificada durante el debate parlamentario. Según las demandas del PP, Vox y Junts, los establecimientos con una superficie inferior a 1.300 metros cuadrados quedan eximidos de la obligación de dar alimentos. Además, se ha eliminado el IVA de las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro.
El régimen sancionador de la ley prevé multas de entre 2.000 y 500.000 euros para aquellos que incumplan las nuevas normativas, con el objetivo de garantizar una reducción efectiva del desperdicio alimentario en toda la cadena de producción y consumo.
Esta norma también impulsa la transformación de los excedentes alimentarios en productos alternativos para la industria alimentaria, la alimentación animal o la producción de compost y biocombustibles, siempre que los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano.
