El debate sobre las tarifas adicionales para llevar equipaje de mano vuelve al centro de la escena europea. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) y 16 entidades de defensa de los derechos de los usuarios de 12 países han presentado una denuncia conjunta ante la Comisión Europea y la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) contra siete aerolíneas que, presuntamente, estarían cobrando de manera indebida por este servicio básico.
Las compañías señaladas —Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair— son acusadas de aplicar suplementos considerados ilegales por una pieza de equipaje de cabina que debería estar incluida en el precio del billete, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El BEUC exige una investigación a escala europea y reclama una reforma clara del marco legal del sector aéreo para acabar con lo que consideran una práctica “abusiva y generalizada”.
Durante un acto celebrado en Bruselas, el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado el apoyo total del gobierno español a la denuncia y ha defendido con contundencia las sanciones que ya se han impuesto a varias aerolíneas. “Ninguna empresa puede estar por encima de la ley”, ha advertido. Bustinduy ha señalado que la protección de los consumidores no solo pasa por sancionar, sino también por garantizar una competencia justa entre compañías, especialmente ante prácticas que afectan directamente a los derechos de los viajeros.
El director general del BEUC, Agustín Reyna, ha remarcado que los pasajeros esperan poder volar con una bolsa pequeña y una maleta de cabina sin tener que pagar más.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha defendido en un comunicado que cobrar por el equipaje de mano es “una práctica legal”, aunque reconoció que la jurisprudencia europea es contradictoria. Según la entidad, hay más de 40 sentencias en España que avalan este modelo de negocio y afirman que la medida ha ayudado a reducir retrasos, ya que se disminuye el volumen de equipaje en la cabina.
La ALA también ha querido matizar que las compañías ya permiten una pequeña bolsa de mano que quepa bajo el asiento, cumpliendo —dicen— con las exigencias básicas de seguridad. Además, han señalado que España es el único país de la UE donde se ha prohibido explícitamente este cobro, lo que ha generado preocupación en Bruselas por la posible ruptura de la armonización normativa dentro del mercado único europeo.
Mientras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también impulsa la denuncia, ha pedido a la Audiencia Nacional española que adopte medidas cautelares para que las aerolíneas suspendan provisionalmente este recargo. Consideran que se trata de un “fraude masivo” que hay que detener inmediatamente.
Con la denuncia sobre la mesa y las instituciones europeas presionadas para responder, se abre un nuevo capítulo en el largo conflicto entre consumidores, gobiernos y grandes operadores del sector aéreo. El vuelo hacia unas reglas del juego más claras y justas, sin embargo, parece que todavía tiene trayecto por recorrer.
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