La modificación del sexo registral por parte de dos bomberos de la Generalitat de Cataluña ha encendido una polémica interna sin precedentes, desencadenando un intenso debate sobre el uso de la ley trans. El caso, que afecta a un bombero del parque de Badalona y otro de Vic, ha generado una gran división en el cuerpo y entre las instituciones implicadas.
Según fuentes próximas a los implicados, los dos bomberos han modificado oficialmente su sexo en el DNI, pero sin alterar su nombre, apariencia física ni comportamiento habitual. La situación ha despertado sospechas de un posible uso fraudulento de la Ley 4/2023, conocida como la ‘ley trans’, que permite el cambio de sexo registral sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos, y sin tratamientos hormonales, tal y como ha publicado El Periódico.
La polémica estalló en el parque de Bomberos de Badalona. Uno de los implicados, identificado como R. N., comunicó que había cambiado su sexo al registro civil. Según algunos miembros del cuerpo, este cambio no respondía a una identidad de género femenina, sino a una motivación política. R.N., habría optado por modificar su sexo como forma de protesta ante lo que percibía como una ventaja de las mujeres dentro del cuerpo de bomberos, vinculado a las políticas de igualdad de género.
Las tensiones crecieron cuando los compañeros pidieron que adaptara sus hábitos a su nuevo sexo, y R.N., rechazó las iniciativas. La situación fue trasladada y se abrió una investigación interna, aunque el expediente se cerró sin sanción.
Meses después, en Vic, se produjo un caso similar, con otro bombero, D. R., que modificó su sexo en el DNI por miedo a perder su plaza, malinterpretando las políticas de reservas para mujeres, ya que se pensaba que el 40% de las plazas reservadas para mujeres se destinaría a cada parque individual, cuando en realidad la cuota se estableció para todo el cuerpo de bomberos.
La Dirección General de Bomberos emitió una circular interna el 30 de septiembre de 2024, donde calificaba estas prácticas de “fraudulentas” y “reprobables”, tal y como ha informado el medio anteriormente mencionado. En el documento, se destacaba que este tipo de actuaciones comprometen la convivencia interna y ponen en peligro la imagen del cuerpo, vulnerando los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI+. La Generalitat subrayó que, desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, estas acciones representan un desafío a la igualdad efectiva.
A medida que el caso sigue siendo investigado, la Generalitat ha puesto en marcha varias medidas para prevenir nuevos posibles fraudes y blindar el sistema contra el uso indebido de la ley trans. Mientras tanto, la discusión sobre la convivencia entre los derechos individuales y las políticas de igualdad continúa abierta, y la comunidad de Bomberos de la Generalitat todavía se enfrenta a un futuro incierto, marcado por la división y las tensiones internas.
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