PSOE y Sumar han acordado un paquete fiscal que, entre otras medidas, mantiene el impuesto a la banda pero elimina el de las energéticas. Otros extremos que incluye el pacto son un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas e introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos. Además, se elimina la exención a las primas de seguros privados sanitarios, se achaca 2 puntos el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros y se establece un nuevo tributo a yates y jets privados y a coches de lujo. Al mismo tiempo, ambos grupos han pactado suprimir el régimen especial de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) que sólo tributan el 1% en el impuesto de sociedades.
Los dos partidos han indicado que los cambios fiscales introducidos persiguen “que contribuyan más los que tienen más”, y por ello señalan las grandes multinacionales “y especialmente los bancos”.
El acuerdo establece un paquete fiscal para 2025 que tiene el objetivo de “mejorar la suficiencia de recursos” para “seguir ampliando derechos, políticas sociales” y para “financiar la transición ecológica y digital”, entre otros “retos” que de abordar España.
A estos retos, subrayan las dos formaciones, hay que añadir los “efectos sociales y económicos” de catástrofes naturales como la del País Valenciano, que “requerirá de una política fiscal más activa”.
En este sentido PSOE y Sumar señalan que España cuenta con una “brecha fiscal de cinco puntos del PIB” en relación a la media de la Eurozona, una brecha que “se puede y hay que cerrar” para acometer las políticas de redistribución e impulso de la transición verde y la “revolución” digital.
Otros extremos del acuerdo pasan por desarrollar el Estatuto del Artista para “dar cumplimiento de un golpe a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura”, mejorar la fiscalidad de las cooperativas o desincentivar el consumo de tabaco y vapeadores mediante un aumento de la fiscalidad.
También pasan por “resolver los problemas generados por la fallida reforma fiscal” del exministro del PP Cristóbal Montoro y “adelantar la recaudación” de grandes empresas y grupos de empresas, limitando las posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresa al impuesto de sociedades.
