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La asociación Ecom denuncia las trabas burocráticas que sufren las personas con discapacidad para hacer que las viviendas sean accesibles. “Es muy complicado”, lamenta Leticia Esporrín, referente de la asociación en materia de vivienda, que critica que las ayudas “no están claras” y la información no está al alcance de todos. Por este motivo, explica Esporrín en una entrevista a la ACN, hay personas que directamente no piden las ayudas y tienen que hacer frente íntegramente al elevado coste de las rehabilitaciones. En el último año Ecom ha detectado un aumento de los casos de vulneración del derecho a la vivienda, hasta situarse como el tercer derecho más vulnerado en 2023, con 36 casos detectados, el 47% de los cuales estaba relacionado con el acceso a la vivienda.
A la hora de acceder a una vivienda, Esporrín explica que las personas con discapacidad tienen las mismas dificultades que cualquier otra persona, especialmente en cuanto a los precios de alquiler o compra. Ahora bien, remarca que se añaden las derivadas de la misma discapacidad. “Tienes que buscar pisos a los que puedas acceder y está estudiado que, concretamente en Barcelona, la accesibilidad es muy deficiente“, indica.
Para mejorar la accesibilidad de las viviendas, remarca, es necesario un gran gasto para la reforma y, a pesar de la existencia de ayudas, Ecom denuncia que los trámites burocráticos para pedirlas son muy complejos y se escapan al conocimiento general de la población. A menudo, explica Esporrín, se necesita la ayuda de asociaciones para entender los procedimientos a seguir y las opciones de ayudas existentes. Además, añade, el coste de la reforma se suma a unos ingresos que, de media, para la gente con discapacidad son inferiores al resto de la población.
Conflictos con los vecinos
La accesibilidad a las viviendas se convierte, a veces, en un foco de conflicto con los vecinos. Uno de los principales problemas llega cuando se tienen que adaptar zonas comunes de los edificios porque algunos vecinos son reticentes a sacar adelante las reformas para mejorar la accesibilidad. “La ley nos ampara, pero a veces cuesta que la gente se ponga de acuerdo”, dice la referente de vivienda de Ecom.
“Todo es muy largo y muy complicado. Primero tienes que convencer a todos y no todo el mundo es fácil de convencer, ya sea por los problemas técnicos, por el coste económico o por las molestias que habrá por las obras. No todo el mundo tiene esa sensibilidad o no todo el mundo piensa que alguna vez le puede servir para él mismo”, dice Esporrín, remarcando que las mejoras en la accesibilidad no son solo para personas con discapacidad, sino también para personas mayores u otras que circunstancialmente tienen problemas de movilidad. “Si no se encuentra en esta situación, a la gente le cuesta entender”, añade.
Las dificultades, a veces, llegan hasta el punto de que la persona con discapacidad marcha de su vivienda una vez hecha la reforma por los conflictos que se han generado con los vecinos. “Es muy difícil vivir con gente con la que te has peleado”, afirma.
Para mejorar la accesibilidad de las viviendas, Ecom reclama mejorar las ayudas a la rehabilitación y que el parque de vivienda sea asequible, pero también accesible. Para influir en las políticas públicas, Esporrín defiende que las personas con discapacidad estén “en los lugares donde se deciden las cosas” para reivindicar sus necesidades. Desde la asociación también remarcan que, para tener una vida autónoma, es necesaria la figura del asistente personal, para pasar de un modelo “de ayuda a la dependencia” a un “de ayuda a la independencia”.
“Es un cambio de modelo”, subraya Esporrín, que indica que esta figura se centra en dar respuesta a las necesidades que indica la propia persona con discapacidad, que tiene un rol activo. “Nosotros somos conscientes y sabemos nuestras necesidades. Lo que necesitamos es apoyo”, subrayó.
“Tenemos que hacer el encaje perfecto para tener garantizados los cuidados”
Una de las luchas de Ecom es, precisamente, que se puedan garantizar los cuidados y la asistencia de las personas con dependencia. Es el caso de Marta Rodríguez, una chica de 35 años de Granollers que tiene una parálisis cerebral infantil y una alteración del tono muscular. No podrá hacer nada sola y necesita asistencia las 24 horas del día.
Desde 2007 tiene asignadas 45 horas semanales de un servicio de asistencia personal, que ha permanecido invariable a lo largo de los años. Todo lo que sale del horario establecido, mayoritariamente concentrado durante las horas de mañana, debe pagarse de su bolsillo. “Sufrimos un agravio y un sobrecoste muy elevado”, denuncia Rodríguez.
“Las horas son insuficientes. Por la noche y los fines de semana no tengo a nadie”, exclama. La joven de Granollers explica que buena parte del horario extraordinario le cubre su madre, pero teme que con el paso de los años ella tampoco se pueda hacer cargo. Además, reclama su derecho, y el de su madre, de poder hacer un proyecto de vida independiente.
Hoy por hoy intentan cuadrar sus horarios y que cada una pueda tener su espacio sin que esto afecte a la asistencia de la chica: “Tenemos que hacer el encaje perfecto para tener garantizados los cuidados”. Ante ello, Rodríguez reclama a las administraciones que las horas y la intensidad del apoyo sea coherente con las necesidades reales de cada persona.
“Estás como encarcelada en casa, sin haber cometido ningún delito”
También se encuentra en un azucarillo Montse Ferrer, una vecina de Mataró con una esclerosis múltiple que le merma la movilidad. Camina ayudada de una muleta y con dificultades evidentes y vive en el quinto piso de una finca del Camí del Mig de Mataró. Salido de casa le supone cada vez un esfuerzo titánico y la comunidad de vecinos se niega a actualizar la finca y poner un ascensor.
Además de ella hay otros vecinos en la escalera con discapacidad -un vecino del 4º y otro del 1º- además de personas de la tercera edad. “Sin haber cometido ningún delito estás encarcelada en casa sin poder salir a la calle porque no hay acuerdo con la comunidad”, se lamenta Ferrer, que critica la “falta de empatía” de algunos vecinos.
El problema radica en un cambio de redactado del articulado del Código Civil Catalán en el año 2015, que afecta a los casos en que hay que expropiar parte de las viviendas para poder meter el ascensor. El redactado anterior permitía hacerlo de manera forzosa si se cumplían una serie de requisitos, pero ahora sólo se puede hacer si afecta a los “anexos”, como garajes o buhardilla.
En el resto de casos, es necesario el aval de todos los propietarios afectados por el paso del ascensor y en el caso de esta comunidad de Mataró hay tres que no lo quieren, de un total de doce. Ferrer lamenta que el cambio legal suponga un “paso atrás” en los derechos de las personas con discapacidad. “La ley no nos ampara. ¿Cómo se explica?”.
