Desde este jueves es obligatorio recurrir a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial, con el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación. La ley de eficiencia judicial establece que, salvo las excepciones previstas –tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros–, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. Entre los mecanismos contemplados están la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.
Según el Ministerio de Justicia, con esta medida, se pasa de una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo, lo que debería permitir reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente de resolución de conflictos. Además, la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo que tendrá un impacto en el criterio para su imposición.
