El Parlamento ha instado al Gobierno a pedir al Estado que cierre las centrales nucleares. Se trata de un punto de una moción de los Comunes aprobada este jueves en el pleno, que recuerda que ya se llegó a un acuerdo entre las propietarias de las centrales para hacer un “cierre ordenado” con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Al mismo tiempo, el texto también exige al gobierno español que “impulse y diversifique” la economía de las zonas afectadas y que facilite alternativas socioeconómicas para las personas que viven y trabajan en ellas. La cámara catalana ha aprobado otro punto que insta al Gobierno a presentar un Plan de Transición Justa de las zonas afectadas por la desnuclearización durante el primer trimestre de 2026.
Sobre el Plan de Transición Justa, los Comunes quieren que garantice un modelo de reindustrialización verde y que establezca de manera planificada la implantación y consolidación territorial de energías renovables, economía circular y digitalización. También reclaman que incluya incentivos para nuevos sectores, como la agroindustria sostenible y el turismo ecológico.
En cambio, el pleno ha rechazado exigir al ejecutivo que incremente los fondos de transición nuclear para los municipios afectados de El Priorat, Baix Camp, Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Garrigues y Segrià al importe equivalente al 75% del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La moción quería que este incremento sólo se aplique a los proyectos vinculados al Plan de Transición Justa.
El Parlamento ha aprobado otros dos puntos de la moción que piden al Gobierno aprobar el Plan Territorial Sectorial para el desarrollo de las Energías Renovables (PLATER), y aprobar y desarrollar la Ley de Transición Energética que debe fijar los principios legislativos de la política energética catalana.
Asimismo, la cámara catalana también quiere que el Estado garantice “un desmantelamiento seguro y acelerado” de la central térmica de Cercs, que “asegure la restauración y descontaminación de los terrenos afectados para eliminar cualquier riesgo para la salud pública y el medio ambiente”.
