La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que el índice del alquiler “será útil en las zonas tensionadas porque conlleva el control de los precios”, y ha remarcado que mejora el indicador previo de la Generalitat, que fue declarado inconstitucional, ha recordado en una entrevista en ‘La Vanguardia’.
Rodríguez ha reconocido la decisión de Cataluña de “no inhibirse y asumir su responsabilidad”, y ha destacado el esfuerzo y trabajo de los técnicos del Gobierno. “Puedo entender la discrepancia, pero hay cuestiones que exceden los acuerdos políticos. El indicador es un método científico”, ha dicho. Según ella, el pequeño propietario no saldrá perjudicado con este índice, y la presidenta madrileña “no aguantará la presión” y tendrá que aplicarlo.
“Detendremos el incremento de los precios y, por tanto, posibilitaremos que las familias ahorre entre 1.500 y 800 euros al mes”, añadió. ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que ha pedido a las comunidades que no quieren aplicarlo que “atiendan la demanda de la ciudadanía, que se hagan cargo de que su responsabilidad es de 100.000 euros”. atender el derecho de acceso a la vivienda, y sobre todo que no pueden eludir dramas sociales que implican destinar más del 40% del salario al alquiler, cuando no el 80 o el 100%”. Según Rodríguez, “lo que no puede ser es que para darle una puntada de pie al gobierno profundezcan en la gran herida social”.
En el caso concreto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la ministra cree que no podrá aguantar la presión de la sociedad “que sabe que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos de alquiler”. “Y que no lo hace porque ella solo persigue hacer daño al gobierno de España”, ha añadido.
Rodríguez también ha aprovechado para dar un mensaje de “tranquilidad y seguridad” a los pequeños propietarios, porque ha habido “muchos mantras que generan sensaciones de inseguridad entre los propietarios”. Les ha asegurado que no saldrán perjudicados por el índice.
En cuanto a los alquileres turísticos, ha apuntado que hay datos que indican que los alojamientos turísticos han incrementado el precio del alquiler residencial. El gobierno español valora la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal por considerarlos un negocio y, por tanto, una actividad económica con respuestas también desde el punto de vista fiscal. “El modelo de ciudad que queremos no es un parque temático, no es un ronco de maletas continuo. Queremos ciudades habitables”, ha destacado.
