El Gobierno calcula ahora que quedan un millón de toneladas de fibrocemento para retirar a toda Cataluña. El ejecutivo ha hecho público este dato en la sesión plenaria de la Comisión para la Erradicación del Amianto de este lunes. El nuevo cálculo, que reduce las últimas estimaciones fijadas entre los dos y los tres millones de toneladas, se basa en los datos obtenidos del análisis de cubiertas elaborado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (IGCC); los censos que han hecho instituciones públicas como la Generalitat; los que están desarrollando los ayuntamientos; y los datos sobre tuberías, bajantes y depósitos facilitados por empresas suministradoras de agua. La futura ley para la erradicación del amianto podría aprobarse a finales de año.
Las estimaciones que se daban por buenas hasta ahora se basaban en la cantidad de toneladas, cuatro millones, de amianto que había recibido Cataluña hasta su prohibición. Los datos surgían de un informe del año 2001 que ya hablaba de que más o menos la mitad del material ya habría sido retirado en forma de escombros. De hecho, el pasado mes de diciembre cuando se aprobó de nuevo el proyecto de ley para la erradicación del amianto, el ejecutivo ya apuntó que las últimas estimaciones situaban este dato entre los 2 y 3 millones de toneladas. Además, en el año 2021 el Instituto Cerdà hizo otro informe en el que ya cifraba la cantidad máxima en 1,9 millones de toneladas.
El dato ha sido facilitado a los miembros de la comisión reunidos este lunes, entre los que se están diferentes departamentos de la Generalitat, como Presidencia, Territorio o Salud; instituciones públicas, como las diputaciones o el Ayuntamiento de Barcelona; entidades municipalistas, como la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios o Micropueblos de Cataluña; agentes sociales como las patronales Fomento o Pimec y los sindicatos CCOO y UGT; asociaciones de afectados y entidades vecinales.
Aparte de la actualización de la cifra de fibrocemento a retirar, la reunión ha informado de cómo evoluciona la tramitación de la Ley para la Erradicación del Amianto en Cataluña, que podría aprobarse a finales de año. También se ha propuesto que el Plan Nacional, del que emana esta comisión, se sincronice con la futura ley.
Apoyo al mundo municipal
Además, en la reunión se ha informado de la batería de medidas de apoyo al mundo municipal que ha puesto en marcha la Generalitat, como las subvenciones que se ofrecen a través de la Agencia de Residuos de Cataluña, las actividades formativas para el personal municipal, de los consejos comarcales o diputaciones, la asistencia a municipios para elaborar los censos, o el nuevo servicio que se ha creado para informar a los ayuntamientos del inicio de obras de desamiantado en su municipio.
Por su parte, la Diputación de Barcelona y la Generalitat han aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo para avanzar en la retirada del amianto en Badia del Vallès. Este proceso podría comenzar antes de finalizar este 2025.
