El Parlamento suprimirá gradualmente el premio de jubilación que perciben sus funcionarios hasta extinguirlo definitivamente en 2050. Los trabajadores con fecha de jubilación en 2023 y 2024 podrán percibir un tope máximo de 89.600 euros, que se reducirá de forma progresiva en dos fases, hasta los 2.500 euros de 2049. Es uno de los acuerdos a los que han llegado la Mesa y el Consejo de Trabajadores, que también contempla modificar la prima de vinculación y recuperar el complemento de productividad y la aportación a los planes de pensiones. Con este acuerdo, el órgano de gobierno de la cámara confía en que se cierre la vía judicial. Estos pactos en el marco de la negociación colectiva se han alcanzado después de que la Oficina Antifraude cuestionara estos pagos.
Concretamente, los funcionarios del Parlamento tienen derecho a percibir entre 8 y de 14 mensualidades en función de los años de servicio prestados (un mínimo de 10). En una primera fase hasta 2026, para percibir este máximo, será necesario haber trabajado 16 años o más en la cámara. A partir de 2027, se ampliará a 25 años o más.
El acuerdo también establece el tope máximo que podrán percibir los funcionarios en concepto de premio de jubilación. En una primera fase, quienes se jubilen en 2023 y 2024 podrán ingresar un máximo de 89.667,55 euros (2,5 veces el salario más bajo de las tablas retributivas). En 2025 será de 71.734 euros (2 veces), en 2026 de 68.147 (1,9 veces), en 2027 de 64.560 euros (1,8 veces), en 2028 de 60.973 (1,7 veces) y en 2029 de 57.387 (1,6 veces).
A partir de una segunda fase, en 2030, este tope máximo se establecerá en 50.000 euros, e irá reduciéndose en 2.500 euros cada año, hasta que el 1 de enero de 2050 quedará totalmente extinguido. Fuentes de la Mesa precisan que estos son los topes máximos y que no quiere decir que ningún trabajador los alcance.
Una septuagenaria de funcionarios (25%) se jubilarán en la primera fase de aplicación, mientras el resto lo hará en la segunda. El premio de jubilación ya no existirá para los nuevos trabajadores. En estos momentos, 14 empleados no lo percibirán.
Según los cálculos de la cámara, este acuerdo este régimen transitorio tendrá un coste aproximado de unos 8,9 millones de euros. También cifran en 8,1 millones de euros el ahorro de recursos si se compara con las condiciones anteriores que regulaban la prima de jubilación, acordadas en diciembre de 2021.
Premio de vinculación, complemento de productividad y plan de pensiones
El segundo acuerdo al que ha llegado la mesa de negociación colectiva tiene que ver con los premios de vinculación, que reconocen la antigüedad. Hasta ahora, cuando un funcionario cumplía 25, 30, 35 y 40 años de servicios prestados, tenía derecho a un mes de vacaciones o de retribución adicional. A partir de ahora, los trabajadores podrán optar entre un mes de vacaciones o una aportación extraordinaria al plan de pensiones, de unos 900 euros anuales.
Finalmente, el tercer acuerdo prevé tanto reactivar el plan de pensiones, congelado en 2013, como recuperar el complemento de productividad, suspendido ese mismo año. En el caso del complemento de productividad, se recupera tal como estaba, con un tope máximo del 70% de la mensualidad.
Los acuerdos tendrán que pasar por la CAI
Estos tres acuerdos fueron aprobados por la asamblea de trabajadores este lunes, con solo cuatro abstenciones. Este martes por la mañana, han sido firmados por las dos partes, la Mesa del Parlamento y el Consejo de Trabajadores, y serán ratificados nuevamente por la Mesa este jueves. Posteriormente, deberán pasar por la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI), porque algunos elementos afectan a los estatutos del régimen y del gobierno interiores de la cámara.
Fuentes de la Mesa celebran los tres acuerdos alcanzados con los trabajadores para resolver la conflictividad el aboral. Subrayan que la voluntad es la de “racionalizar las condiciones laborales” e “impulsar la modernización de la administración parlamentaria”.
Antifraude señaló “irregularidades”
La Mesa del Parlamento suspendió temporalmente estos premios en diciembre de 2023, después de que un informe de la Oficina Antifraude señalara “irregularidades“. El organismo sostenía que “ninguna de las versiones analizadas de los Estatutos del Régimen y el Gobierno Interiores (ERGI) regulan la prima o subsidio de jubilación ni la prima de vinculación”, así como tampoco el Estatuto básico del empleado público, ni ninguna otra legislación.
En su respuesta a la OAC, el Parlamento admitió que estas dos figuras vigentes podían suscitar “dudas”. Aunque están citadas en los Estatutos del Régimen y Gobierno Interior del Parlament (ERGI), el informe firmado por el secretario general, Albert Capelleras, consideraba que sería “insuficiente” y que sería “nula de pleno derecho por el hecho de haber regulado una materia reservada a la ley”.
