El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Ribagorza, ha pedido “la colaboración y participación de todas las instituciones” a la hora de implementar la Ley de eficiencia del servicio público de justicia. En una interpelación al Parlamento de Cataluña sobre la situación de la Administración de justicia, Viladoma ha asegurado “la instrumentación de esta Ley pide la alineación de todos los agentes implicados, cada uno con sus responsabilidades”.
El titular de Justicia y Calidad Democrática ha sido tajante: “Es necesaria la colaboración de las instituciones, el consenso de las entidades, la participación de todos los colegios que deben intervenir y la negociación para implementar la relación de puestos de trabajo”. Ribagorza ha recordado en el hemiciclo que “nosotros asumiremos nuestra responsabilidad” en referencia a los cinco grupos de trabajo técnico que ha activado el Departamento de Justicia y Calidad Democrática para abordar los retos que implica el desarrollo de esta Ley.
El conseller considera la Ley una oportunidad: “Tenemos una oportunidad. Nosotros sabemos qué haremos: aprovecharla“, ha puntualizado para acabar su intervención.
Nueva organización judicial
El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ya ha comenzado a trabajar para el buen desarrollo e implantación de la Ley orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Esta Ley, que se publicó el pasado 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se traducirá en un cambio de paradigma sin precedentes en la organización y el funcionamiento de la Administración de justicia, y comportará cambios sustanciales, entre los que destaca la supresión de los órganos judiciales unipersonales y la creación de los tribunales de instancia.
Tribunales de instancia
Con la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial, los juzgados unipersonales desaparecerán y darán paso a un nuevo modelo colegiado, los llamados tribunales de instancia, donde quedarán agrupados todos los jueces de cada partido judicial bajo la dirección del presidente del tribunal de instancia.
Cada tribunal tendrá, al menos, una sección civil y una penal. Además, también podrán incluir otras secciones especializadas, como por ejemplo familia, menores, vigilancia penitenciaria, violencia contra la infancia o violencia sobre la mujer, que amplía las competencias a violencias sexuales. La nueva organización permitirá agilizar los procedimientos, reducir el tiempo de respuesta y favorecer un mejor control de la calidad de las resoluciones.
Las oficinas de justicia municipal
Con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía, la Ley también prevé una nueva figura: la oficina de justicia en el municipio, que mantendrá los servicios que ofrecían hasta ahora los juzgados de paz y ampliará el catálogo de servicios, entre ellos la gestión de solicitudes de los vecinos en relación con la Administración de justicia, la colaboración con el registro civil y el impulso de los métodos de resolución alternativa de conflictos.
Grupos de trabajo para el desarrollo y la colaboración con instituciones y autoridades
El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha activado también cinco grupos de trabajo de carácter técnico para abordar los retos que implica el desarrollo de esta Ley: el grupo 1, para la adecuación normativa y de rediseño organizativo; el grupo 2, para la planificación de las plantillas y los procesos de acoplamiento de personal; el grupo 3, para las adecuaciones tecnológicas y de sistemas de información; el grupo 4, para la adecuación de espacios, mobiliarios y señalética de todas las sedes judiciales para hacer visible el cambio de modelo, y el grupo 5, para la formación, sensibilización y difusión del nuevo modelo entre el personal judicial, fiscal, operadores y funcionarios.
