El catalán ha dado hoy un paso decisivo hacia su consolidación como lengua de cohesión social, educativa e institucional con la firma del Pacto Nacional por la Lengua. El acuerdo, rubricado en el Institut d’Estudis Catalans por una veintena de entidades, representantes de la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos, fija un compromiso político y económico de gran alcance: un presupuesto mínimo de 200 millones de euros anuales para impulsar la política lingüística y el objetivo de incorporar 600.000 nuevos hablantes en un periodo de cinco años.
El pacto, que se empezó a gestar en 2021 y que ha tenido una amplia participación ciudadana, establece una hoja de ruta hasta 2030 estructurada en 21 ámbitos de actuación, como la educación, el mundo laboral, la sanidad, la justicia, la tecnología, la cultura y la cohesión social. Con una dotación inicial de 255 millones para este año —la más alta de la historia en política lingüística en Cataluña—, el acuerdo quiere revertir el retroceso en el uso social del catalán y situarlo en el centro de la vida pública.
Objetivos claros y compromisos compartidos
Entre las acciones previstas destacan la ampliación de la oferta formativa para personas adultas, especialmente recién llegadas; el impulso del catalán como lengua vehicular en todos los niveles del sistema educativo; y el refuerzo de la presencia del catalán en el ámbito digital y audiovisual, con especial atención a las nuevas generaciones. También se establecen mecanismos de gobernanza para su seguimiento anual y garantizar su ejecución.
El Pacto también quiere garantizar el derecho de opción lingüística a la justicia y a los servicios públicos, con medidas como la exigencia del conocimiento del catalán para el personal que atiende a la ciudadanía o la disponibilidad de portales y trámites digitales en catalán a organismos del Estado.
Una jornada “histórica” para la lengua
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado la jornada de “gran día por Cataluña” y ha afirmado que el pacto representa “un anhelo largamente esperado”. “El catalán forma parte de la columna vertebral de la nación catalana”, ha dicho Illa, reivindicando una lengua “milenaria, pero también del siglo XXI”. Ha subrayado que nunca antes tanta gente había querido aprender catalán, y ha hecho un llamamiento a convertir el acuerdo “del papel en la calle”.
ERC, por su parte, ha defendido que se trata de una “política estructural” que fortalece el país ante posibles sentencias desfavorables, como la del Tribunal Constitucional sobre la inmersión lingüística. “La política lingüística la marca la sociedad, no los tribunales”, ha remarcado el portavoz republicano, Jordi Albert.
Soportes amplios, pero también ausencias y críticas
A pesar del apoyo mayoritario, el acuerdo no ha contado con la firma de Junts, la CUP ni el sindicato USTEC. Asimismo, Vox ha expresado un rechazo frontal, tachándolo “de autoritarismo lingüístico” y criticando lo que considera una “imposición del catalán”.
Desde la Plataforma per la Llengua, a pesar de apoyar el pacto, se ha advertido de que “no es lo suficientemente ambicioso” y se ha reclamado más concreción, calendarización y fiscalización de los recursos.
Preinscripción del mundo jurídico y económico
El Consejo de la Abogacía Catalana ha celebrado especialmente los avances en el ámbito judicial, destacando que el catalán debe ser un requisito para los profesionales que atienden a la ciudadanía. Su presidente, Joan Martínez, ha alertado de que no puede haber “justicia plena” si una parte de la población no puede expresarse con normalidad en su lengua.
En cuanto al mundo empresarial y sindical, el pacto incluye la adhesión de Fomento del Trabajo, la FGSHSCSP, las Cámaras de Comercio, CCOO y la UGT, que se han comprometido a promover el catalán como competencia profesionalizadora y de inclusión en el mercado laboral.
Una herramienta para el futuro
Con acciones que van desde campañas de sensibilización hasta planes municipales de gestión lingüística, el Pacto Nacional por la Lengua pretende crear una base sólida para un modelo de país donde el catalán sea la lengua común, conocida y utilizada por toda la población. Una apuesta por la normalización lingüística que, según sus impulsores, no excluye a nadie y quiere sumar todo el mundo.
Ahora, el reto es hacer que este gran acuerdo institucional se convierta en una realidad cotidiana.
