Varias entidades del tejido económico empresarial han enviado este viernes una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para pedirle que frene la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell.
Alegan razones de interés general y le exponen las razones para considerar que la operación es perjudicial como por ejemplo una “excesiva” concentración de poder empresarial y financiero, la pérdida de empleo y de oficinas y de la cohesión social y territorial.
El texto está firmado por las 13 cámaras de comercio de Cataluña y a otras organizaciones como Barcelona Global, Cecot, el Colegio de Economistas de Cataluña, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Pimec y el RACC.
Las cámaras, patronales y otras entidades han defendido un modelo de cohesión territorial y social “diversa”, “abierta” y “plural” con centros de decisión repartidos y reclaman a Sánchez que ejerza sus competencias y se preserve un modelo bancario más próximo, competitivo y arraigado en el territorio.
Las organizaciones citan cinco argumentos que ya consideran lo suficiente para frenar la opa de la entidad vasca sobre la catalana, después de que la CNMC diera el visto bueno a continuar con la operación y que ahora la pelota esté sobre el tejado del Ministerio de Economía —esta semana ha activado una consulta pública— y posteriormente, en su caso, del Consejo de Ministros.
Así, los empresarios señalan que la opa sería perjudicial para una “excesiva concentración” de poder empresarial y financiero; preservar un canal de cedido y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de empleo y de oficinas bancarias; y para promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios. Finalmente, añade que iría en contra de la cohesión social y territorial, de las que dice que es la “base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural, evitando el riesgo de exclusión financiera”.
Respecto a este último punto, la fusión, insiste, conllevaría una excesiva centralización del poder económico del poder financiero en el centro de la Península y que conllevaría consecuencias negativas al equilibrio territorial y el acceso a la financiación en otras regiones. Por ello, las organizaciones defienden que se necesitan bancos de proximidad, especialmente para los proyectos de menor dimensión.
Los empresarios dejan claro que hay un “consenso ampliamente compartido” por todas las entidades empresariales catalanas sobre las consecuencias “no deseables” para el interés general de Cataluña y de España.
Otro de los aspectos en los que incide la carta es que se pueden perder entre 54.000 y 70.000 millones de euros en crédito disponible para las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, los empresarios subrayan la necesidad de preservar la individualidad del Banco Sabadell y su papel singular como entidad arraigada en la industria catalana y su especialización en el segmento empresarial.
De desaparecer el Banco Sabadell, afirman que sería “difícilmente reemplazable por otros operadores” y se debilitaría el ecosistema de talento e innovación en territorios como Cataluña y debilitarían las conexiones entre universidades, escuelas de negocios y el sector financiero.
Paralelamente, las entidades han lanzado una campaña para instar a las empresas y a la ciudadanía a participar en la consulta pública del gobierno español y apuntan que es una oportunidad para reflejar la opinión pública sobre la operación.
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