El Pleno del mes de marzo ha aprobado la adjudicación y constitución del derecho de superficie para la promoción y gestión de 78 viviendas destinadas a alquiler o cesión de uso protegido sobre tres solares municipales situados en el sector Llimonet I y II de Vilanova i la Geltrú.
El concurso, restringido a entidades promotoras sociales, recibió tres ofertas para optar a la construcción. El derecho de superficie sobre los tres solares de propiedad municipal se ha constituido a 75 años a favor de la Unión Temporal de Empresas TAU-BALEC.
La segunda teniente de Alcaldía y concejala de Vivienda, Iolanda Sánchez, recuerda que esta adjudicación es “un paso adelante en la garantía del derecho a la vivienda en Vilanova i la Geltrú. Supone una apuesta clara para avanzar en la garantía del derecho a la vivienda en la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia municipal que prioriza la creación de vivienda asequible, respondiendo a la necesidad urgente de ampliar el parque de alquiler protegido y ofrecer alternativas dignas a las familias con más dificultades de acceso a la vivienda”.
La regidora remarca que desde 2009 no se ha construido ninguna promoción pública de vivienda en la ciudad, y que en el actual contexto de emergencia habitacional para muchas familias “esta promoción es un paso imprescindible y urgente para empezar a corregir la falta de vivienda pública en Vilanova i la Geltrú”.
Un paso más para cumplir con el compromiso del gobierno de destinar viviendas de la ciudad a políticas sociales, ya que estos 78 de nueva construcción se suman a los 107 de la rambla de Sant Jordi adquiridos por la Generalitat, y a la veintena que ha comprado el Incasol en el barrio del Tacó.
De los 78 de la nueva promoción, que se hará en tres edificios separados, un 30% como mínimo se destinará a jóvenes de 16 a 30 años, y un 30% a mayores de 65 años.
Promoción con criterios sociales y comunitarios
El gobierno ha trabajado en esta promoción para que no sólo incorpore viviendas protegidas, sino que también establezca criterios sociales y comunitarios que permitan un desarrollo equilibrado e inclusivo.
Por ello en el proceso de adjudicación se han valorado aspectos como los alquileres asequibles para garantizar el acceso rebajando del precio del alquiler respecto a los máximos permitidos en vivienda protegida; la reserva de entre 8 y 10 viviendas para políticas sociales (como las situaciones de emergencia habitacional o el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad); o la dimensión comunitaria y social en la gestión de la vivienda, incorporando un perfil profesional de integrador/a social para desarrollar el Plan de Acción Social y Comunitario vinculado a estas viviendas.
A partir de la concesión de la licencia de obras, el plazo de ejecución será de dos años para los dos edificios de 40 y 30 viviendas, y de quince meses para el edificio de 8 viviendas. Así, se calcula que estas nuevas promociones de vivienda de alquiler protegido podrán estar finalizadas en un periodo de menos de tres años.
