Absuelta la alcaldesa de Cubelles por el caso de revelación de secretos

La sentencia también absuelve al Ayuntamiento de Cubelles, a quien Macià había acusado como responsable civil subsidiario y le reclamaba 72.000 euros. Para ello, el exregidor de ERC pedía una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación.

La resolución no es firme y se puede recurrir.

Filtración a ERC “por transparencia”

La jueza señala que el Ayuntamiento inició un expediente administrativo tan pronto como tuvo conocimiento de que una trabajadora municipal había denunciado a Joaquim Macià por acoso, si bien la presunta víctima retiró la denuncia poco después y renunció a seguir este trámite administrativo.

Días después de retractarse, la jueza apunta que el juez pidió a una técnica de Recursos Humanos que redactara un documento donde contara que días atrás se había iniciado un expediente contra Macià y se había activado el protocolo contra acoso. El documento constaba como “confidencial, con las prerrogativas legales correspondientes”. Así, se indicaba que “sólo sería accesible para el personal que intervenga directamente a su tramitación”.

Este documento es el que llegó a manos de la dirección local de ERC y a un medio de comunicación. La jueza precisa, sin embargo, que no hay pruebas de que fuera quien lo enviara a la prensa. Lo argumenta con las declaraciones de los testigos, entre ellos el periodista que publicó la noticia, quien en el juicio negó que la filtración hubiera llegado a través de la alcaldesa.

Según el periodista, el periodista le llamó “muy enfadada” cuando publicó la información. En opinión de la jueza, el medio recibió una fotografía del documento, que habría podido hacer “cualquier persona del Ayuntamiento con acceso al despacho de la Dirección o de Recursos Humanos”.

Respecto de la filtración a ERC, la jueza recuerda que el Código Ético de los republicanos tiene como finalidad regular los principios básicos de los comportamientos de miembros del partido en la actividad política, así como de la esfera privada respecto a aquellas acciones que puedan “perjudicar la reputación y el buen nombre de Esquerra Republicana”. En este sentido, la magistrada precisa que uno de los artículos establece que existe el “deber” de poner en conocimiento cualquier sospecha de conductas delictivas. “Es lógico que esta afectación se expandiera a la coalición [d’ERC amb Unitat Cubellenca]”, dice la jueza para justificar que el gobierno quisiera notificar a los republicanos que Macià tenía una denuncia por acoso.

Según recoge la sentencia, en el juicio Ribagorçana dijo que no sabía que no podía hacer llegar a ERC el documento del Ayuntamiento donde constaba que se había denunciado a Macià, aunque se especificara que era “información reservada”.

La alcaldesa aseguró que creía que lo podía transmitir a los republicanos porque lo había encargado expresamente por este motivo, y defendió que lo hizo “por transparencia y ética”. La jueza afirma que la confidencialidad no afectaba a responsables políticos, por “criterio de transparencia y los protocolos de actuación”.

Sobre la comunicación a la prensa, Ribagorçana reafirmó que ella había sido la primera sorpresa en leer la noticia. Con todo, la alcaldesa apuntó que le había sabido “muy grave” la dimensión que había cogido el tema públicamente, por lo que depositó en los juzgados 6.000 euros por eventual reparación del daño, pese a sentirse “inocente en todo momento”.

Por su parte, en el juicio, Macià relató que el juicio le comunicó que había sido denunciado por acoso con argumentos que eran “mentira”. Lamentó que el cargo lo forzó a dimitir bajo la amenaza de cesarlo del cargo y hacer pública la denuncia. Según Macià, el documento que Ribagorçana encargó redactar para hacerlo llegar a ERC “tenía el único propósito” de “destruir” su reputación. En este sentido, a la vista recordó que acabó dimitiendo por motivos de salud derivados del trasiego y por el temor de que el supuesto acoso llegara a manos de la prensa.

La juez considera que, una vez escuchados todos los testigos y analizadas las pruebas, éstas “son insuficientes de todas todas para destruir la presunción de inocencia” de Rosa Ribagorçana, de quien dice que no actuó con ánimo de “duelo”.