Jordi recupera su piso ocupado en Girona tras denunciarlo en redes

Jordi Riera, el vecino de Girona que denunció en las redes la ocupación de su piso, ha recuperado el inmueble por orden judicial y los ocupas han sido desalojados.

Según la sentencia judicial, la familia de Riera era la propietaria legítima de la casa y los ocupas no tenían ningún derecho. Sin embargo, Jordi ha estado semanas luchando para que sus derechos prevalecieran por encima de los ocupas, después de que en el momento de la ocupación, como hacía más de 48 h que se había producido, la Policía Local de Girona siguiera el protocolo y alentara a Jordi a poner una denuncia y dejar a los ocupas en su casa.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero, cuando Jordi recibió el aviso de unos vecinos de que habían sentido ruidos en su casa. Él y su familia hacía tiempo que esperaban una licencia de obras del Ayuntamiento de Girona para poder reformar la casa e ir a vivir, motivo por el que la tenían cerrada.

Al llegar, sin embargo, Jordi se encontró unas mantas dentro del piso y decidió llamar a un albañil para tapiar su entrada. Antes de llegar, sin embargo, llegó un hombre que le pidió que se marchara. El propietario del piso se negó y poco después aparecieron dos hombres más que también lo empezaron a amenazar, obligándolo a llamar a la Policía Local de Girona.

Cuando llegaron, los ocupas enseñaron un vídeo a la Policía donde aparecían ellos cocinando y durmiendo en el piso desde finales de diciembre. Como hacía más de 48 h que vivían en el piso, y siguiendo el protocolo, la Policía Local instó a Jordi a dejar a los ocupas en su casa y poner una denuncia, ya que en esta situación ya no se les puede expulsar “en caliente” del piso y se debe seguir una orden judicial.

Esta orden judicial llegó la semana pasada y el desahucio se ha ejecutado ahora. Jordi y su familia han recuperado su piso tras un proceso que califica de “duro y desgastante”, y ha querido agradecer el apoyo a los vecinos y a los medios de comunicación que se hicieron eco de los hechos. Asegura, sin embargo, que “la ley tiene que cambiar”.

“No puede ser que casos tan claros supongan meses de lucha y costes para los legítimos propietarios”, opina. “Esta inseguridad jurídica perjudica a toda la sociedad”, añade. En su opinión, es una situación que “hace subir el precio de la vivienda y del alquiler, y reduce la oferta porque cada vez más personas tienen miedo de invertir en vivienda”.

Riera reclama que la ley permita un “procedimiento expreso” para determinar la propiedad de la vivienda y “actuar en consecuencia” —celebra, en este sentido, la decisión que han tomado hoy mismo los jueces de Girona de autorizar desalojos exprés sin orden judicial.

También pide revisar protocolos para que “no se repitan situaciones absurdas” como la que han vivido ellos cuando, según indica, la actuación policial “acabó favoreciendo a los ocupantes por encima de los propietarios”.

Finalmente, cree que “tampoco se puede normalizar tener que acceder a soluciones ilegales o para legales amparadas en la violencia”.