Las indemnizaciones para las mujeres víctimas de violencia incluirán las agresiones sexuales

Los grupos parlamentarios de la mayoría (Demócratas y Ciudadanos Comprometidos), Concordia y el Partido Socialdemócrata, así como el conseller general no adscrito Víctor Pintos, han entrado a trámite parlamentario la proposición de ley de modificación de la ley para la erradicación de la violencia de género y de la violencia doméstica, conocida como Convenio de Estambul, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grevio y facilitar así que Andorra finalmente pueda levantar la reserva del artículo 30.2 del convenio, por el que el Principado declinaba hacerse cargo de las indemnizaciones a las víctimas de violencia de género y doméstica en aquellos casos en que el agresor no quiere o no puede satisfacer por insolvencia.

La modificación, por tanto, determina que el Estado asumirá de manera subsidiaria estas indemnizaciones a las víctimas de violencia de género y sexual, así como en cuanto a las agresiones sexuales, haya o no una relación previa entre la víctima y el agresor. Además, tal y como ha subrayado la presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata, Judith Casal, por primera vez Andorra describe y define el concepto de violencia vicaria, por lo que en casos en que el hombre agreda a los hijos para perjudicar a la mujer el Gobierno también estará junto a la víctima. “Es una realidad que nos damos cuenta de que cada vez está más a la orden del día y es un primer paso que abre la puerta a hacer reflexiones que van más allá”, ha comentado.

La presidenta suplente del grupo parlamentario Demócrata, Maria Martisella, ha recordado que esta proposición de ley responde “a la voluntad y el compromiso político” que se tomó en 2023 cuando se debatió la ratificación del Convenio de Estambul. El sistema, pues, que se espera aprobar de manera inminente ya que sólo habrá que ver si habrá enmiendas desde el grupo parlamentario de Andorra Endavant -que no se ha sumado a la propuesta-, garantizará compensaciones a las mujeres que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia y, posteriormente, será el Estado quien resarcirá estos costes al agresor.

A la vez, tal y como ha explicado la presidenta suplente del grupo parlamentario de Concordia, Núria Segués, el texto incorpora quiénes serán las personas beneficiarias, los supuestos de concesión de las indemnizaciones y sus limitaciones. En este sentido, el Estado podrá indemnizar directamente, siempre que el agresor no se haga cargo, a las víctimas de los delitos de violencia de género, de violencia doméstica o delitos contra la libertad sexual contra las mujeres mayores o menores de edad que hayan tenido lugar en territorio nacional. Además, en el caso de fallecimiento de la mujer, las personas beneficiarias pasarán a ser las víctimas indirectas: los hijos menores de edad no emancipados o los hijos mayores de edad con algún tipo de discapacidad con dependencia económica. El texto también prevé que el Gobierno podrá iniciar una revisión de la subvención si se detecta algún tipo de irregularidad. “Casi todo el arco parlamentario ponemos hilo en la aguja e intentamos que el Estado tenga una posición más garantista y protectora con las mujeres”, ha manifestado Casal.

Por otro lado, Casal ha recordado que en el periodo 2015-2024 las sentencias por cualquier tipo de violencia contra las mujeres han representado un importe total de 125.000 euros, de los que cerca de 14.000 son los que los agresores han dejado de pagar y que, con la norma actual vigente, el Estado habría tenido que asumir. De hecho, la entrada en vigor de la modificación de la ley ya contempla una disposición transitoria de dos años para que las víctimas que no han sido reparadas también se puedan acoger y no se creen desigualdades. “Es una ley que nos interesa que vea la luz cuanto antes y parece que no demoraremos mucho el trámite”, ha concluido Casal.