La Coordinadora por la vivienda digna está convencida de que la asamblea convocada para este jueves en protesta contra la aprobación de la ley ómnibus debe ser un punto de inflexión para cambiar la situación de la vivienda en Andorra. Después de haber realizado una encuesta donde han participado más de un millar de personas y haber debatido internamente, la Coordinadora tiene claro que se debe volver a salir a la calle y presentar su propuesta de demandas para mejorar la situación de la vivienda y la hoja de ruta para alcanzarlas. Durante la jornada se hará una propuesta de fecha para la celebración de la primera manifestación para la regulación de los precios y para las medidas de carácter urgente.
En un documento enviado a la prensa este miércoles, la Coordinadora denuncia que el negocio inmobiliario “ha rellenado el bolsillo de las familias benditas andorranas, y ahora también lo hace de grandes especuladores extranjeros“. Para disfrutar de una vivienda digna y asequible, dicen, “es fundamental acabar con la especulación” y, para alcanzar este objetivo, “hay que limitar y poner sesgo a los especuladores”.
Para ello, proponen tres líneas de actuación: la regulación de todos los alquileres conforme al valor real de la vivienda y al poder adquisitivo de las clases populares; la creación de un parque público de vivienda digna y asequible tan grande como sea necesario “para hacer contrapeso a las dinámicas especulativas del mercado privado”; y la regulación a largo plazo del mercado de venta de las viviendas de acuerdo con su valor real.
Así pues, el primer gran objetivo “no negociable” es la regulación del precio de todos los alquileres. En este sentido, aseguran que si tanto desde el Gobierno como desde la patronal se niegan “supondrá tensar una cuerda que se puede romper”, mientras que “aceptarlo supondrá abrir la puerta a un diálogo honesto y abierto con la ciudadanía“.
Para hacer realidad este objetivo, exponen la necesidad de prohibir todos los desahucios sin vivienda alternativa digna y asequible y disponer de todos los datos sobre la situación de la vivienda. Además, afirman que es responsabilidad del ejecutivo y las comunas la elaboración “inmediata” del registro de la propiedad, así como la creación del censo de vivienda en las comunas pública y accesible.
En paralelo, desde la Coordinadora también se expone que el Gobierno “debe garantizar un gran parque público de vivienda digna y asequible” mediante “propuestas no limitativas”. Por ello, piden un cambio en el enfoque de la política de viviendas públicas: “El Gobierno debe dejar de confundir la vivienda social con la vivienda pública de manera inmediata. La burocracia y los requisitos restrictivos para acceder al parque público demuestran cuánto de alejado se encuentra el Gobierno de la realidad”, sentenció.
También piden definir el número necesario de viviendas públicas; una movilización real y efectiva de los pisos vacíos y turísticos con el fin de evitar, perseguir y sancionar las “trampas legales de los propietarios para evitar esta medida”; la elaboración de un plan nacional de vivienda; y coordinar las acciones de la vivienda con la política territorial y urbanística.
En segundo término, la Coordinadora insta a regular el mercado de venta de las viviendas de acuerdo con su valor real. En este caso, reconocen que el aumento del impuesto sobre la plusvalía ayuda, “pero no es suficiente”, ya que “limita la reventa a corto plazo, pero no impide que los precios sigan subiendo artificialmente”. Desde su visión, proponen “un impuesto progresivo sobre la propiedad especulativa, limitar el número máximo de propiedades o limitaciones directas del precio de venta según su valor real”.
Otro objetivo que señalan como prioritario es la lucha contra las trampas y abusos inmobiliarios a través de la regulación efectiva de todos los contratos de alquiler; luchar por acabar con los pisos pastera; acabar con la trampa del hijo; y hacer del Instituto Nacional de la Vivienda (INH) “una herramienta útil”. En cuanto a otros objetivos de interés común, abogan por una “planificación territorial y urbanística al servicio de las personas” y un “convenio de cooperación transfronterizo contra la especulación y por el derecho a la vivienda”.
Con todo, y con el fin de aterrizar y alcanzar estas demandas, desde la Coordinadora se proponen cuatro líneas de actuación: fortalecer la lucha colectiva contra las trampas y abusos; crear un grupo de juventud para la vivienda gestionada por la Coordinadora que sirva para definir y concretado las demandas necesarias para garantizar la emancipación y el acceso a una vivienda digna y asequible; analizar las políticas de vivienda y la concreción de demandas; y ejercer presión popular en las calles.
