Reclaman la libertad por lo absuelto de asfixiar a un hombre en La Rábida

Ambrós ha denunciado que su representado no pudo asistir a la lectura del veredicto ni seguirla por videoconferencia a raíz del bloqueo hecho en la cárcel de Mas d’Enric por el asesinato de una cocinera en manos de un recluso. En la jornada, los miembros del jurado popular le absolvieron de un delito de homicidio, por el que el ministerio público le pedía una pena de 13 años y 6 meses de prisión. El hombre lleva casi tres años en prisión preventiva por este caso.

Según su abogado, la magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona acordó el cese de la prisión preventiva, pero no se ha puesto en libertad con el pretexto de que tenía dos causas pendientes. La primera de ellas es por un delito leve de amenazas en el juzgado número 2 de Huelva y la segunda por un delito contra la autoridad en el juzgado número 6 de Zaragoza. El letrado ha asegurado que las dos condenas están “liquidadas”.

“Los juzgados acordaron antes de la absolución que la condena finalizaba el día 3 de abril, a pesar de ello y sin que se tenga constancia de ninguna modificación por parte de los juzgados, incluso el de Ibiza acordó el licenciamiento de su condena”, ha dicho Ambrós. Fuentes del TSJC han confirmado que el hombre tiene una condena de 45 días de prisión por el delito leve de amenazas en el juzgado de Ibiza y han recordado que la ejecución de las causas se cumplen por separado.

Además, el letrado ha explicado que han presentado una instancia en el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para esclarecer si existe alguna otra condena pendiente para poderla “compensar”. Según la información recibida por el abogado, este juzgado no recibió la documentación hasta este martes. El defensor ha afirmado que esta situación es “inconcebible” y que les genera una “total indefensión” porque no pueden presentar ningún recurso para denunciar que se están vulnerando los derechos del hombre absuelto, ya que no les han dado la fecha de excarcelación.

“Esto es contrario a los principios básicos tanto de la Constitución española como la Declaración de Derechos Humanos porque la libertad es uno de los derechos primordiales”, ha argumentado. Y ha añadido que se trata de un “simple problema burocrático de tramitación de expediente”. Por todo ello, ha insistido en reclamar su libertad inmediata.