La sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha declarado este miércoles al mediodía visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y tres excargos más por el llamado ‘caso de las antenas’, por prevaricación urbanística y ambiental. Las antenas de Movistar y Vodafone funcionaron de 2012 a 2018 sin permiso en un solar de la comisaría de la Policía Local.
La fiscalía pide dos años y diez meses de prisión para Albiol, el exgerente de la empresa municipal Engestur Tomás Vizcaíno, y al exdirector de Urbanismo Xavier Salvà, además de diez años de inhabilitación y 9.000 euros de multa. A Josep Duran, exjefe del servicio de licencias y actividades le pide un año y medio de prisión.
El ministerio público también pide que las dos compañías telefónicas paguen cerca de 17.448 euros al Ayuntamiento de Badalona por las tasas no pagadas, según cálculos de la Oficina Antifraude. A Vodafone, además, le reclama que devuelva los 8.300 euros de electricidad consumida por haberse enchufado a la red eléctrica de la comisaría cuando instaló la antena. Ninguno de los cuatro acusados ha hecho uso de su derecho al último turno de palabra.
En la última sesión se han presentado los informes finales de los tres acusados que no son Albiol y los de las dos compañías telefónicas. El abogado de Salvà ha dicho que como máximo la falta de licencia habría sido una infracción grave, no muy grave, en el ámbito administrativo, pero nunca un delito penal. Ha recordado que en 2012 había graves problemas de cobertura para más de un cuarto de la población de Badalona y que todos los implicados “intentaron solucionar como pudieron” la situación. Las defensas de Vizcaíno y Duran han utilizado argumentos similares.
En cuanto a las dos compañías telefónicas, juzgadas como partícipes a título lucrativo, sus abogados han recordado que ya han consignado todo el dinero reclamado, y que en ningún caso quisieron esquivar la normativa urbanística o ahorrarse tasas municipales.
Los letrados han recordado que la instalación fue totalmente provisional y que propusieron convenios al consistorio para legalizarlas. Consideran que no hubo ningún delito, y por lo tanto no se podrían haber lucrado de él. También aseguran que no habrían tenido ningún problema para conseguir el permiso para una instalación de interés general para la ciudad.
