El Ayuntamiento de Terrassa y los vecinos del barrio de Ca n’Anglada quieren que se dote los espacios surgidos del esponjamiento en el barrio con equipamientos y zonas de estancia y recreo. Este 2025 se ha derribado el último bloque de pisos, el noveno en 13 años, y que ha supuesto una inversión total de 17 millones de euros.
El procedimiento administrativo ha pasado por realojar a los vecinos afectados por eliminar los bloques y dar paso a cuatro plazas abiertas, que permiten oxigenar el barrio, densamente edificado, y aportar más luz a los hogares. Ahora, sin embargo, llega lo que consideran la parte más compleja: definir qué hacer donde ahora hay cemento, lo que obligará a Generalitat y Ayuntamiento a entenderse, siempre con la necesaria y determinante participación vecinal.
El proceso de esponjamiento de Ca n’Anglada comenzaba en el año 2012, a partir del convenio que firmaban el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa para reducir la masa de edificios del barrio, muy densificado. El objetivo era mejorar las condiciones de vida, medioambientales y sociales para dignificar la vida en el lugar y reducir la degradación y el estigma que había en torno a los conocidos como pisos de Vitasa.
Se trata de bloques construidos a mediados del siglo XX para dar respuesta a la ola migratoria procedente de otros puntos del Estado, y que también sirvieron para acoger a las familias afectadas por la riada de 1962, especialmente intensa en la cocapital vallesana. El esponjamiento, sin embargo, preveía eliminar parte de este parque de viviendas, en total 184 pisos, para posteriormente urbanizarlos en beneficio de los vecinos del barrio.
Con un coste de 17 millones de euros, Generalitat y Ayuntamiento asumieron el 50% a partes iguales. La expropiación de los pisos, además, supuso el realojamiento de las 127 familias afectadas en otros emplazamientos, muchas en pisos públicos en el barrio de Torre-sana pero también en otros puntos de la ciudad, tanto de alquiler social como de compra en el mercado secundario.
Los vecinos del barrio hacen una valoración buena en cuanto al resultado de la actuación: “Han quedado muchos espacios libres, se han sacado los bloques que estaban muy aglomerados, había mucha gente en poco espacio”, explica Andrés Zamora, presidente de la Asociación de Afectados por el Plan de Esponjament de Ca n’Anglada.
No obstante, explica que el realojamiento de las familias afectadas “fue un poco extraño” por la movilidad que supuso, pero también reprocha que el ritmo de las tareas no ha sido el deseado. “Los últimos cinco años han sido lentos y pesados, sobre todo para la gente del último bloque”, explica, destacando que muchos de los vecinos eran ancianos y que les enganchó todo el proceso en plena explosión de la burbuja inmobiliaria.
En este sentido, apunta que las negociaciones con las entidades bancarias fueron intensas para conseguir la condonación de las deudas pendientes con los bancos en el caso de inmuebles de propiedad, y que los vecinos supieron priorizar aquellos que tenían más problemas de movilidad o que vivían en pisos superiores, todos sin ascensores, para hacer el traslado antes. En pleno proceso, se disparó el número de ocupaciones en el barrio: “Había ocupaciones por parte de personas que no tenían derecho“, destaca.
En Ca n’Anglada, como ya pasó a mediados del siglo pasado, se experimentó una nueva ola migratoria, esta vez principalmente que ciudadanos procedentes de Marruecos.
Con el derribo del último bloque, el más caliente está en el fregadero. El espacio surgido de la desaparición de los pisos ha dado paso a plazas de cemento pendientes de encontrar una funcionalidad. Algunas, como la del pasaje Comercial, se han tenido que cerrar: “Se hacía un mercado de la miseria“, lamenta la concejala de distrito, Ángel Melgares, que explica que generaba problemas de convivencia insostenibles en un barrio estigmatizado.
Ahora, el barrio tiene una media de edad joven, con mucha familia numerosa, un hecho “que aporta valor”, destaca Melgares. Es por ello que considera urgente establecer un plan de actuación para que los cuatro espacios surgidos del derribo de los nueve bloques, y pide al Gobierno de Salvador Illa que ponga hilo en la aguja.
“Pido a la Generalitat que miremos, junto con los vecinos, que son una parte fundamental de este proyecto, cómo podemos encontrar el uso adecuado de estos espacios, y no puede ser de otra forma que conveniado con la Generalitat”, destaca la regidora. Zamora, por su parte, admite que se abre una nueva etapa con incógnitas.
“Ahora viene uno de los problemas más grandes, que es qué hacer con tanto espacio libre“, señala. Las familias no están satisfechas con un entorno de cemento, y reclaman una mejora integral de estas nuevas centralidades: “Estamos mirando si se pueden poner zonas verdes, porque el cambio climático en las ciudades es duro y pasaremos cada vez más calor, o áreas de juego para los niños y bancos para que la gente baje y se seque en verano”.
Melgares comparte esta visión, y añade también que en el barrio faltan servicios y equipamientos que podrían encajar con estos nuevos espacios, una decisión, sin embargo, que quiere hacer de la mano de los vecinos. “Tenemos que conseguir desestigmatizar este barrio”, señala, apuntando que hay mucha población joven a la que se tiene que conseguir dar oportunidades: “Es verdad que hay una alta tasa de abandono escolar, sobre todo masculino, de eso hay que tener cuidado, y todo eso implica tener los equipamientos adecuados”.
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