El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en la que condenaba a dos años de prisión y a dos de inhabilitación a un mozo de escuadra por agredir a un periodista durante los altercados del ‘banco expropiado’ en el barrio de Gràcia en 2016, según ha informado Irídia. El periodista, Jesús Rodríguez, estaba cubriendo el desalojo del banco.
El agente fue condenado por un delito de lesiones con instrumento peligroso y la agravante de prevalencia de cargo público, pero se apreció la atenuante de dilaciones indebidas. Según Irídia, el Supremo avala que la agresión “fue gratuita y con un uso de la horca que no estaba justificado”. El policía fue condenado también a indemnizar a la víctima con 7.000 euros.
La sentencia de la Audiencia absolaba al mozo, pero de un delito contra los derechos individuales porque la víctima no iba identificada como periodista ni consta que el policía supiera que lo era.
La miembro de Íridia Cèlia Carbonell ha remarcado la importancia de la sentencia del Supremo porque “prueba la situación de desprotección e inseguridad que viven los profesionales de la información cuando dan cobertura a movilizaciones en la vía pública, así como la presunción de veracidad de los agentes de policía”.
Por otro lado, el periodista declara este jueves en un procedimiento por delitos de acusación, denuncia falsa y de falso testimonio contra agentes de los Mossos d’Esquadra. Según Irídia, durante el juicio por las lesiones al periodista Jesús Rodríguez un agente declaró que una persona le había tirado una valla y le había roto el tendón de Aquiles con el fin de defender la acusación del agente acusado de lesionar a Rodríguez.
Otro mozo se manifestó en los mismos términos. Irídia ha afirmado que hay una sentencia absolutoria contra Isidre García, persona que según los agentes habría tirado la valla, y por ello tanto él como Rodríguez presentaron una querella contra los dos agentes por delito de acusación y denuncia falsa y de falso testimonio. Irídia ha recordado que los agentes estaban declarando bajo juramento o promesa de decir la verdad.
La querella fue admitida a trámite en noviembre de 2023 y se encuentra ahora en fase de instrucción. En el marco de este procedimiento declara este jueves Rodríguez. Irídia actúa de acusación particular en esta querella.
Finalmente, el presidente del Grupo de Periodistas Ramon Barnils, Enric Borràs, ha afirmado que la actuación de los agentes en ambos casos ha implicado una “vulneración del derecho a la información” y ha reclamado que “en lugar de perseguirlo y obstaculizarlo se debería garantizar y proteger, aún más, en contexto de protesta”.
Irídia y el Grupo Barnils, con el apoyo europeo de Free Press Unlimited, impulsaron la interposición de la querella con la campaña ‘ProuMentidesPolicials’. Esta denuncia de que estos hechos no son aislados, sino que las trabas policiales al ejercicio del periodismo “son habituales”.
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