Un mozo facilitó datos policiales a la propietaria de un prostíbulo

Un mozo de escuadra de Terrassa ha sido condenado a una pena de dos años de prisión y tres de inhabilitación para trabajo público por haber consultado de forma ilegal datos policiales de varias personas por encargo de la propietaria de un prostíbulo de Terrassa. A cambio, la mujer, también condenada a un año de prisión, le pagaba con dinero o con servicios sexuales gratuitos de alguna prostituta.

El juicio con jurado popular tenía que empezar este jueves en la Audiencia de Barcelona, pero no se ha hecho porque las partes han llegado a un acuerdo de conformidad. Según ha podido saber la ACN, el policía ha sido condenado por soborno y revelación de secretos, mientras que la otra acusada ha sido condenada por soborno. Ninguno de los dos ingresará en prisión.

El agente estaba destinado en la Oficina de Atención Ciudadana de la comisaría de Terrassa. En un periodo no concretado entre febrero de 2019 y abril de 2021 actuó bajo las indicaciones de la otra acusada, propietaria del prostíbulo. Accedía a los registros informáticos reservados de los Mossos para obtener y facilitarle datos personales, patrimoniales, antecedentes penales o implicación en investigaciones policiales de personas relacionadas con la mujer.

Así, informó la acusada de que una determinada persona había sido detenida y encarcelada, consultó y comunicó la ficha policial de varias personas, entre ellas tres trabajadoras del prostíbulo. También accedió 389 veces a la ficha policial de la acusada, que tenía antecedentes penales. La investigación de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos incluyó el análisis del sistema informático del cuerpo policial, así como del teléfono móvil del acusado donde estaban las conversaciones con la otra acusada.

La fiscalía pedía inicialmente diez años de prisión por soborno y revelación de secretos, 22 años de inhabilitación para trabajo público y 4.860 euros de multa. A la mujer le pedía cinco años de prisión y 4.860 euros de multa por soborno.

Como finalmente se llegó a un acuerdo antes del juicio con jurado popular que debía comenzar este jueves en la Audiencia de Barcelona, la pena final de la condena se ha rebajado para el mozo a dos años de prisión, 540 euros de multa y tres años de inhabilitación para trabajo público por los mismos delitos, con los atenuantes de dilaciones indebidas y confesión.

Para la propietaria del prostíbulo la pena se ha rebajado a un año de prisión y 540 euros de multa por soborno, con los atenuantes de dilaciones y confesión. Ahora bien, ninguno de los dos deberá ingresar en prisión, con la condición de que no delinque en los próximos dos años.