El pleno de Barcelona ha tumbado la aprobación definitiva del reglamento que regula el uso de pistolas eléctricas por parte de la Guardia Urbana. El punto se ha tumbado después de que Junts haya decidido votar en contra en el último momento.
El presidente del grupo municipal, Jordi Martí, ha lamentado que el gobierno municipal haya sacado adelante la medida sin establecer un “diálogo profundo” con los sindicatos de la Guardia Urbana y ha pedido que se retirara el punto y se aplazara hasta el pleno de julio para ganar tiempo para este diálogo. Sin embargo, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha decidido mantener la votación y Junts ha votado en contra pese a expresar explícitamente estar a favor de dotar a la Guardia Urbana de pistolas eléctricas.
Finalmente, por tanto, el texto se ha rechazado por el voto contrario de Junts, BComú y ERC y la abstención de Vox y sólo ha votado a favor el gobierno del PSC y el PP.
Batlle ha asegurado que se trata de un reglamento “absolutamente garantista” y “cuidadoso” que define un itinerario formativo “amplio” para los agentes porque no solo se trata de saber utilizar la herramienta sino hacerlo “con criterio”.
“Hemos querido ser claros y restrictivos, en qué situaciones se puede usar y en cuáles no”, ha dicho Batlle, que ha puesto de ejemplo que se limita el tiempo de descarga a 5 segundos. Por todo ello, ha resumido que el uso será “proporcional, justificado y supervisado”. También ha defendido que los agentes deberán llevar una cámara y que habrá una “trazabilidad completa” en cada intervención.
Giro de última hora de Juntos
El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha lamentado que el gobierno municipal que haya sacado adelante la medida sin establecer un “diálogo profundo” con los sindicatos de la Guardia Urbana y ha condicionado el apoyo al reglamento al aplazamiento de la votación en el pleno de julio, lo que le ha conducido a acabar votando en contra del punto.
Martí también ha lamentado que el reglamento para las taser llegue con “años de retraso” y ha considerado insuficiente que inicialmente solo se adquieran 22 armas. Una crítica, esta última, que también han compartido el PP y Vox.
BComú y ERC, en contra
El concejal de BComú Marc Serra ha subrayado que un joven murió en Badalona tras recibir “repetidas descargas” de pistolas eléctricas y ha preguntado a Batlle si puede “dar garantías de que unos hechos tan graves no se volverán a repetir”. S
erra ha considerado que con el reglamento planteado “se pone en riesgo la ciudadanía y la propia Guardia Urbana” y ha lamentado que no se haya aceptado alegaciones planteadas por BComú, como limitar el número de descargas, limitar los dispositivos a 22 y que no se pueda utilizar en manifestaciones, entre otros.
Desde ERC, el concejal Jordi Coronas ha lamentado que la respuesta a las alegaciones presentadas ha sido “decepcionante”. En este sentido, ha indicado que los republicanos han intentado que el reglamento fuera más garantista, por ejemplo para que no se utilicen en menores de edad o para que se explicite en el reglamento la presencia de los servicios de salud en caso de un brote psicótico o problema de salud mental. Por todo ello, ERC ha concluido que el reglamento que se ha votado “no es garantista” sino que es “imprudente” y ha votado en contra.
PP y Vox, apoyo y abstención
Desde el PP, Daniel Sirera ha señalado que parece “una broma de mal gusto” que solo se quieran adquirir 22 dispositivos y solo para los mandos y ha defendido que las pistolas eléctricas son “una herramienta disuasiva, eficaz y no letal“. Aunque, como Junts, también ha criticado que haya entidades que han conocido antes el reglamento que los propios sindicatos policiales, los populares han votado a favor.
“Sin reglamento aprobado los agentes no podrán disponer ni de 22 taser ni de 2 o 222, por eso apoyaremos”. Además, Sirera ha destacado positivamente que el reglamento definitivo abre la puerta a las pistolas eléctricas también para otros agentes de la Guardia Urbana, tal y como pidió el PP. A su vez, Vox también ha dicho que “no tiene ningún sentido” que haya 22 pistolas para una plantilla de cerca de 3.500 agentes y ha apuntado que es un reglamento “ridículo y garantista para el delincuente”. Por este motivo, a pesar de estar a favor de las pistolas eléctricas, Vox se ha abstenido.
Reglamento y calendario
Ahora, la Guardia Urbana no contará con los llamados dispositivos conductores de energía (DCE) hasta de aquí a un año, ya que el calendario con el que trabaja el consistorio es que puedan empezarse a utilizar en el verano de 2026. Inicialmente, se comprarán 22 y se prevé que sean mandos de la Unidad de Refuerzo de Emergencia y Proximidad (UREP) quienes las lleven.
Sin embargo, el reglamento aprobado incluye la posibilidad de ampliar la dotación de pistolas eléctricas a otras unidades del Guardia Urbana. En cualquier caso, los agentes que puedan hacer uso de estos dispositivos deberán hacer antes una formación específica que se canalizará a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC).
El reglamento aprobado definitivamente es el que el gobierno ha puesto sobre la mesa tras valorar las alegaciones presentadas por grupos y entidades. El texto plantea que el uso de pistolas eléctricas está sometido a los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad” y estipula que sólo se podrá utilizar la herramienta en caso de que haya un riesgo “racionalmente grave”. Las novedades que se han incorporado tras las alegaciones es la limitación o prohibición explícita de los DCE cuando la persona se encuentre inmovilizada o encerrada bajo custodia policial en las dependencias policiales así como cuando la persona muestre una resistencia “meramente pasiva” a las órdenes policiales.
Por el contrario, no se ha incorporado la petición de entidades como Amnistía de prohibir el uso de las pistolas eléctricas en todos los casos de los menores de edad y se mantiene la prohibición sólo en los menores de 14 años. En cuanto a las manifestaciones, queda prohibido o limitado el uso del DCE en aquellas “de un número elevado de personas”, por tanto, no en todas.
El reglamento incorpora también nuevas garantías para el uso y también para la trazabilidad de los aparatos. Por ejemplo, en el apartado de normas básicas de seguridad se incorpora que “se debe limitar el número de descargas del DCE al mínimo imprescindible y necesario para conseguir la contención de la amenaza”.
También en los requerimientos técnicos de los dispositivos, se añade que estos deben disponer de mecanismos de limitación automática y manual de la duración de la descarga “que se sitúa en un máximo de 5 segundos”. Por otro lado, todos los dispositivos deberán incorporar un sistema de captación de imágenes, “preferiblemente de activación automática al desenfundarla”, que grave todos sus usos.
