La Ciudad de Barcelona

Entidades en defensa del asentamiento de barracas de Vallcarca elaboran un plan para realojar e integrar a los afectados

El Sindicato de Vivienda de Vallcarca, la entidad vecinal Som Barri y la Asamblea Libertaria Heura Negra han redactado un plan para realojar la seguidilla de miembros de la comunidad gitanoromanesa que vive en el asentamiento ubicado en este barrio de Barcelona y facilitar su integración en la sociedad. La propuesta se ha elaborado en consenso con los afectados y llega después de que en las últimas semanas se han intensificado, según ellos, las inspecciones a locales ocupados de la zona. En declaraciones a la ACN, las entidades han denunciado el “sesgo racista” de estas actuaciones y su temor de que se produzca un “desalojo inminente”. El colectivo presentará el documento al gobierno municipal en una reunión que se celebrará el 4 de julio.

Los miembros de la comunidad gitanoromanesa que viven en los tres núcleos de barracas ubicados en solares junto al viaducto de Vallcarca y en locales de calles adyacentes han asegurado que están “atemorizados”. Después de años de lucha, temen que las políticas impulsadas por el gobierno de Jaume Collboni supongan su expulsión del barrio. Han indicado que desde la entrada de los socialistas al ejecutivo local “se han multiplicado” las inspecciones a espacios ocupados de la zona: “Vienen técnicos acompañados por la policía y debemos dejarlos pasar para que hagan fotografías y vean las condiciones en las que vivimos”, ha relatado Helena, una joven que reside con su marido y sus tres hijas menores en uno de estos espacios.

Desde la entidad vecinal Som Barri han denunciado “el acoso” que aseguran que sufre este colectivo. Han criticado las “amenazas de expulsión” que según dicen han recibido por parte del ejecutivo local y han explicado que “los criterios bajo los que se hacen estas inspecciones son sospechosos de racismo”. Así, han subrayado que solo se ejecutan en los espacios donde viven personas de esta etnia. Además, han avisado de que “todas estas actuaciones están agrupadas bajo un único expediente denominado asentamientos 6”.

El gobierno pone el acento en la “seguridad y la salubridad” para “minimizar los riesgos”

Fuentes municipales han explicado que la situación de los asentamientos y los locales ocupados de Vallcarca se está abordando “desde todos los niveles”, tanto desde el propio distrito como desde la vertiente de Servicios Sociales. Han indicado que las inspecciones se enmarcan en el trabajo que se está haciendo para incidir en aspectos de “salubridad y seguridad” para “minimizar los riesgos de las personas que viven en condiciones precarias y por el vecindario del barrio en general”. En este sentido, han negado que tengan ningún tipo de connotación racista.

En paralelo, han manifestado que se está trabajando en el futuro del barrio, con la creación de nueva vivienda protegida y la urbanización del Parque Central. Así, han dicho que actualmente se está elaborando el proyecto ejecutivo y el desarrollo del planeamiento vigente en el ámbito de la rambla verde.

Niños escolarizados

Otra de las polémicas que planea sobre estos asentamientos está relacionada con los menores que viven en la zona y su escolarización. Tanto las entidades como los afectados han asegurado que los niños no residen en los solares, sino que se ha dado “prioridad” a las familias con niños y niñas para que puedan ocupar locales del barrio.

Carmen, una miembro de esta comunidad que vive con su familia en un garaje ocupado, ha manifestado que sus dos niños “están integrados” y van a una escuela del barrio cada día. “No es cierto que no escolaricemos a nuestros hijos”, ha dicho en relación con un vídeo que el presidente del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, ha difundido recientemente en las redes sociales. Además, ha remarcado que nunca ha recibido ninguna visita de la familia y que sus hijos se encuentran bien atendidos.

Ha insistido en que desde que llegaron a Cataluña hace siete meses ha intentado encontrar trabajo “de lo que sea” para poder sacar adelante a su familia. Con todo, ha explicado que se ha convertido en una “misión imposible”. “Tengo papeles y tengo cuenta bancaria, pero nadie quiere un empleado que vive en un local o en una barraca”, ha comentado. Por ello, ha dicho, la mayoría de los miembros de la comunidad se dedican a recoger y vender chatarra.

Aprender a vivir en una barraca

Fruto de esta actividad, en los campamentos se acumulan hierros y trastos viejos de todo tipo que la comunidad desmantela para venderlos a peso. Además, solo hay un único punto de agua potable, utilizan fogonets para cocinar y durante los meses de calor la vida en el interior de estas viviendas se hace insostenible debido a las elevadas temperaturas.

Florina, una rumana de 41 años que hace catorce que llegó a Cataluña y cuatro que vive en uno de los núcleos de barracas de Vallcarca, ha recordado que ninguna de las personas que reside en estos espacios ha escogido vivir en estas condiciones: “Nunca me hubiera pensado que acabaría así”, ha comentado la vecina, que ha explicado que hasta que no se encontró en la calle no se planteó esta opción. “La vida te enseña a vivir en barracas”, ha comentado. Al mismo tiempo, ha añadido que es “mejor tener un techo para guarecerse del sol, de la lluvia y protegerse” y ha considerado que “el miedo” y la “necesidad” son los motivos que les han empujado a esta situación.

Por todo ello, ha pedido apoyo al barrio y la sociedad. Ha reconocido que las entidades Som Barri, el Sindicato de Vivienda de Vallcarca y la Asamblea Libertaria Heura Negra les han hecho mucho lado, y que los vecinos y vecinas que no los apoyan son una “minoría”. Con todo, ha expresado su malestar y su miedo “por lo que pueda pasar”.

Un plan integral para combatir el barraquismo en Vallcarca

En este contexto, estas tres entidades han trabajado de la mano de los vecinos para redactar un plan integral para erradicar el barraquismo en la zona y dar una salida a todas estas familias. “Es hora de que el Ayuntamiento responda al problema de fondo de estos vecinos y vecinas y que es que no tienen casa”, ha considerado Berta, miembro de Som Barri que ha apostado por dar una “respuesta global” para que estas personas puedan acceder a un piso y a un trabajo.

La propuesta recoge las demandas de estos ciudadanos y no sólo piensa en formas para “sacarlos de la ciudad”. Por un lado, contempla trasladar a los afectados a viviendas dignas, previsiblemente dentro del mismo barrio. En este punto, las entidades han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se les ceda a cambio de un alquiler social el edificio de titularidad municipal que hay en la avenida Vallcarca y que hace años que está vacío. “Hay catorce pisos y un vigilante que día y noche controla que nadie acceda para que estos inmuebles no se ocupen”, ha comentado Berta, que ha tachado la situación “de absurda”. Esta es una posibilidad que, a priori, el ejecutivo local no ve con buenos ojos. De acuerdo con fuentes municipales consultadas por la ACN, este bloque de pisos “está destinado a afectados urbanísticos de la transformación del barrio, es decir a los realojamientos que se tendrán que hacer”.

Las entidades también han insistido en la necesidad de que los miembros de esta comunidad permanezcan en el barrio para “mantener las alianzas que han forjado con el tejido social de la zona y para que los niños escolarizados en Vallcarca puedan quedarse en sus centros educativos”. Por otro lado, el texto también plantea impulsar programas de asesoramiento, cuidado de la salud mental y apoyo educativo a los afectados, así como darles herramientas para garantizar su formación e inserción en el mercado laboral. En otro ámbito, incluye diversas acciones para combatir la discriminación que sufre este colectivo y sensibilizar a la población sobre la compleja situación en que se encuentran.

Reunión el 4 de julio

Según las entidades todo ello se abordará en la reunión que mantendrán el próximo 4 de julio con el gobierno local. La miembro de Som Barri ha manifestado que, por primera vez, el ejecutivo barcelonés ha accedido a que en el encuentro estén presentes ciudadanos de la comunidad gitano rumana. Además, ha explicado que han exigido que el Síndic de Greuges de Barcelona ejerza de mediador y que también participen un responsable de Vivienda, uno de Servicios Sociales y un político con “capacidad de decisión”.

Adrià Torres Redacció

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