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El Sindicato de Vivienda de Nou Barris ha denunciado el intento de desahucio de una vecina por parte de la inmobiliaria Anticipa, propiedad de los fondos Blackstone. El procedimiento, que según fuentes municipales ha quedado aplazado, estaba previsto para el viernes 9 de mayo. La afectada, que se llama Raquel Martínez, tiene una incapacidad permanente por las secuelas sufridas al haber sido víctima de violencia machista. El sindicato ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona de ejercer “violencia institucional” contra la mujer al haberla informado erróneamente de que se le había adjudicado un piso social. Fuentes municipales han negado este extremo y han remarcado que la Oficina de Vivienda de Nou Barris mantiene una negociación “abierta” con la propiedad para llegar a un acuerdo.
Raquel Martínez ha expuesto su caso en una rueda de prensa que se ha celebrado este martes en Nou Barris y que ha contado con el apoyo de una treintena de personas.
Los problemas de vivienda de esta vecina comenzaron en el año 2006 cuando tuvo que marcharse de su casa con sus dos hijos menores de edad para huir de la violencia machista que sufría.
Se vio abocada a ocupar un inmueble del barrio y afrontó dos desahucios en el año 2008 y el año 2014. Según el sindicato, hace trece años que Martínez tiene reconocida una incapacidad absoluta a causa de la violencia sufrida. Con todo, la entidad ha afirmado que “el Ayuntamiento nunca le informó de que tenía derecho a una vivienda de emergencia social”.
Ha explicado que “al no tener alternativa” la mujer acabó ocupando un piso que se encontraba abandonado y que es propiedad de Anticipa Real Estate, una filial del fondo buitre Blackstone. El sindicato ha afirmado que desde entonces, Anticipa ha intentado desahuciar a Martínez en varias ocasiones.
“La única opción que le han ofrecido ha sido acogerse al programa ‘Reallotgem’, una iniciativa impulsada por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, donde la administración pública alquila directamente pisos vacíos de fondos buitre para realojar a personas que están pendientes de una adjudicación de la mesa de emergencia”, ha afirmado.
Promesa de un piso social
El sindicato ha relatado que inicialmente recibió la noticia de que la Agencia de la Vivienda de Cataluña le había denegado la posibilidad de acceder a este programa y que en julio de 2024 decidió elevar su caso a la Audiencia Pública de Nou Barris.
Ha dicho que quince días después de tomar parte en esta sesión, Martínez recibió una llamada del consistorio para informarla de que se le ha adjudicado un piso de alquiler social a través de la Mesa de Emergencia. Con todo, ha añadido que la mujer “nunca recibió ningún documento que confirmara este procedimiento”. Así, ha relatado que tras pasar todo el verano sin respuesta, el 4 de septiembre de 2024, una persona encargada de la Mesa de Emergencia en la oficina de vivienda de Nou Barris comunicó a Martínez que en la base de datos no figuraba ninguna adjudicación.
Pocas semanas más tarde la afectada recibió una nueva fecha de desahucio para el 25 de octubre de 2024 que acabó parando por la presión vecinal.
Nuevo fracaso residencial
En paralelo, el 16 de octubre de 2024, Martínez recibió una nueva llamada para comunicarle que le habían aprobado la adjudicación de un piso a través del programa Reallotgem y el 13 de noviembre de 2024 le confirmaron que el piso estaba en el barrio de Roquetas. “La mujer se desplazó hasta la dirección indicada para ver el inmueble y se encontró una vivienda en ruinas”, ha asegurado el sindicato. Días más tarde, el 5 de diciembre de 2024, arquitectos de la Agencia Catalana de la Vivienda y de Anticipa inspeccionaron el inmueble y certificaron que no estaba en condiciones para ser habitado y que se tenía que buscar una alternativa.
Por todo ello, Martínez y el Sindicato de Vivienda de Nou Barris exigieron una reunión con la jefa de Adjudicación de Viviendas del Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona (IMHAB) y con la responsable de la oficina de vivienda del distrito. Según el sindicato, en este encuentro, que se llevó a cabo a finales de febrero de 2025, los responsables municipales aseguraron a la afectada que había varias alternativas de vivienda de alquiler social a través del programa Reallotgem o de un convenio con la Fundación Hábitat3. A pesar de estas palabras, el 13 de marzo Martínez recibió una nueva notificación de desalojo para el 9 de mayo.
Desahucio aplazado y exigencia de una solución inmediata
Fuentes municipales han asegurado que este lanzamiento ha quedado aplazado. Sin embargo, el Sindicato ha advertido de que la abogada de Martínez aún no ha trasladado esta notificación a la vecina y que mantendrá las acciones de protesta previstas para el próximo viernes mientras no se confirme esta noticia.
“Todo ello supone un ataque a su salud mental y una violencia institucional evidente”, ha considerado el Sindicato que ha remarcado que este no es un caso excepcional, sino que el maltrato institucional a las solicitantes de vivienda pública es “una forma sistemática de funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona”. En este sentido, ha reclamado “una solución digna e inmediata” para la vecina y ha exigido a las administraciones públicas implicadas que asuman su responsabilidad por el maltrato continuado durante todos estos años. “Después de tanta incertidumbre y de las consecuencias que esto ha tenido para la salud mental de Raquel, la solución no pueden ser disculpas y palabras vacías, sino un alquiler social de larga duración en una vivienda de protección oficial”, ha manifestado el sindicato.
El Ayuntamiento niega que se le adjudicara un piso de la Mesa de Emergencia
Fuentes municipales han indicado que en la vivienda en cuestión viven tres adultos y un menor, pero han revelado que no les consta que se adjudicara un piso social a la mujer a través de la Mesa de Emergencia tal y como ha asegurado el sindicato.
Han indicado que Martínez está vinculada al Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de Vivienda y Empleo (SIPHO) y a la Oficina de vivienda desde el año 2021. Según el consistorio en esta fecha se hizo la primera mediación con la propiedad, pero no se llegó a ningún acuerdo. Han apuntado que en el año 2024 se notificó un procedimiento de desahucio y se intervino, pero tampoco se alcanzó un acuerdo con el fondo porque la vecina no era la titular del contrato de alquiler.
Han añadido que durante este tiempo se ha negociado con la propiedad para conseguir que este inmueble se adhiriera al programa ‘Reallotgem’ de la Agencia de la vivienda de Cataluña y que esta propuesta recibió una respuesta favorable por parte de la propiedad. En paralelo, se aprobó el expediente de la unidad de convivencia para la Mesa de Emergencia Social.
Así, han dicho que en el mes de julio de 2024, la Agencia de Vivienda de Cataluña comunicó al Ayuntamiento que desestimaba la inclusión de este piso en el programa ‘Reallotgem’ porque no cumplía con los metros cuadrados necesarios. Fruto de esta decisión, la propiedad reinició el procedimiento judicial y en octubre notificó a la afectada una nueva fecha de lanzamiento.
En ese momento la Oficina de Vivienda de Nou Barris inició un proceso de negociación con la propiedad para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que la familia pueda permanecer en la vivienda. De esta forma el lanzamiento se acabó suspendiendo, “al igual que ahora también se ha aplazado lo previsto para el 9 de mayo”.
“Las negociaciones continúan abiertas”, han apuntado los responsables municipales que han afirmado que durante este tiempo, la Oficina de Vivienda se ha mantenido en contacto con la inquilina y se ha reunido en varias ocasiones con ella “para explicarle todo el proceso y las mediaciones que se están realizando”.
