La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este miércoles un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena donde reclama la aplicación de la ley de amnistía y, por tanto, “el levantamiento inmediato de cualquier medida cautelar de naturaleza personal o real que haya sido adoptada por las acciones u omisiones comprendidas en el ámbito objetivo de la ley”. El escrito registrado por Gonzalo Boye también niega que se pueda atribuir al expresidente ninguna de las exclusiones de la ley por “enriquecimiento personal” o por afectación a los intereses financieros de la Unión Europea, y por tanto reclama que se le aplique la amnistía con pleno efecto.
La defensa de Puigdemont responde de esta manera a la petición que el juez hizo a las partes la semana pasada coincidiendo con la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llarena les pidió que se pronunciaran en un plazo de cinco días que expira este miércoles.
En un documento de 23 páginas, la defensa de Puigdemont afirma que una lectura “repuesta y desapasionada” de la ley de amnistía permite constatar que los delitos que se le imputan tienen cabida a la norma.
También en cuanto a la malversación, porque aunque la sentencia del procés establecía que hubo ánimo de lucro, la ley sólo deja fuera de la aplicación de la amnistía los delitos donde haya un ánimo de lucro con “propósito de enriquecimiento”, un extremo que –según las defensas- no puede atribuirse al expresidente.
Aún más, Gonzalo Boye aprovecha que –con el objetivo de poder condenar a los líderes del procés- el Supremo estableció formalmente que el ánimo de lucro “no se identifica exclusivamente con el propósito de enriquecimiento” para recordar que no se puede vincular a Puigdemont ese “propósito de enriquecimiento” que la ley exceptúa de la amnistía.
Todo ello, según Boye, “lleva a la conclusión de que no estamos ante unos hechos excluidos de la ley de amnistía, como han pretendido algunos integrantes del Ministerio Fiscal, sino ante unos comprendidos en el ámbito objetivo establecido en el artículo 1” de la ley.
Por tanto, según el escrito de la defensa, “la única solución” que se ajusta al derecho y que es respetuosa con la constitución “es el levantamiento de las medidas cautelares”, y “específicamente la orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión”, que “debe ser revocada”.
Junqueras y Turull defienden el encaje a ley
Unos criterios parecidos a los que las defensas de Oriol Junqueras y Jordi Turull han presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En el caso del dirigente republicano, su argumentación asegura, además, que resulta “inaplicable” cualquiera de las exclusiones previstas por la norma.
El abogado de Turull también destaca que los delitos por los que fue condenado “encajan de lleno” en el ámbito de aplicación de la ley. Así, avisa de que hay que proceder “cuanto antes” a declarar “completamente extinguidas sus responsabilidades” y otras consecuencias derivadas, como sería la inhabilitación que pesa sobre él.
Las defensas de los dirigentes independentistas también cargan contra la posición de los fiscales del procés, que se han opuesto a aplicar la ley en delitos de malversación. Según Turull, los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han expuesto “argumentos de tipo netamente político” que no les corresponden.
