El gobierno español ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Con la luz verde en el Consejo de Ministros, el texto, acordado con los sindicatos UGT y CCOO y que tiene el rechazo frontal de la patronal, pasa ahora al Congreso, donde, de momento, no tiene suficientes apoyos para prosperar. Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, aunque la formación ha dejado la puerta abierta a la negociación. En el anuncio de la aprobación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apelado a la “responsabilidad” de los partidos, especialmente PP y Junts, y ha dicho que ve “margen para la negociación”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha instado al PP y Junts a apoyar la reducción de la jornada laboral. “Hay margen para la negociación”, ha remarcado, defendido que “nadie se atreve a decir que está en contra de esta norma porque está ganada en la calle”.
Ante la “gran duda” de los populares sobre cómo posicionarse respecto a la medida, en palabras de Díaz, la ministra de Trabajo ha dicho que “se deben a los trabajadores” y ha subrayado que es una medida que espera “el conjunto de los españoles voten a quienes voten”. Así, Díaz ha preguntado al PP si “maniobrará para tumbar la reducción de la jornada laboral”, como ha dicho hicieron los populares con la reforma laboral, y ha advertido de que eso “perjudicaría al país”.
Díaz ha reivindicado que la reducción de la jornada laboral es “de justicia” y “convierte en regla general y sin privilegios para el conjunto de los trabajadores”. “Convertimos en general algo que debería haber llegado antes a nuestro país”, ha dicho.
El Ministerio de Trabajo cerró en diciembre de 2024 un acuerdo con UGT y CCOO para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Inicialmente, el ejecutivo español intentó cerrar un acuerdo con los agentes sociales que incorporara tanto a la patronal como a los sindicatos mayoritarios, pero la CEOE se desmarcó, rechazando la “imposición normativa” y avisando de que tendrá un impacto negativo en la economía y en el empleo, especialmente en las pymes.
Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, el debate a la totalidad en el Congreso será el primer examen del gobierno español. En caso de que prospere, y, por tanto, una mayoría permite su tramitación, el anteproyecto se registrará en la comisión de Trabajo donde las formaciones políticas podrán presentar las enmiendas. Este será el momento en que el texto actual podrá sufrir modificaciones. Si el gobierno español consigue desencallar un acuerdo, la reducción de la jornada laboral se votará en el pleno del Congreso y después, en el Senado.
La aprobación en el Consejo de Ministros estaba inicialmente prevista para la semana pasada, pero se aplazó por el apagón eléctrico.
Según datos del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral beneficiará a 12,5 millones de trabajadores del sector privado, de los cuales 10,5 millones lo son a tiempo completo y dos millones a tiempo parcial. Más de la mitad de los beneficiarios de la reducción de la jornada laboral se concentran en cuatro sectores: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción.
Ante las críticas de la patronal por el impacto de la medida, la ministra de Trabajo ha remarcado que en hostelería los márgenes empresariales han aumentado un 105% desde 2009 y un 35% desde 2019; en el comercio un 34% desde 2009 y un 24% desde 2019; y en agricultura un 117% desde 2009 y un 36% desde 2019.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, Cataluña es la comunidad donde más trabajadores se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral, 2.218.000 millones, seguida de Madrid (2.056.000) y Andalucía (2.037.000).
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