Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles al derecho de no responder a las preguntas de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por su relación con la Universidad Complutense. Antes, sin embargo, ha leído un breve discurso donde ha afirmado que la “colección de denuncias judiciales”, las “falsedades” y la propia creación de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, impulsada por el PP, tienen motivaciones políticas. “Todo esto tiene un objetivo político evidente, solo se tienen que fijar en la lista de denunciantes”, ha dicho, pero “más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio”.
Gómez ha comparecido a las 10 de la mañana ante una comisión que ha comenzado con quejas por parte de los diputados del PSOE por el hecho de que la presidenta, la popular Susana Pérez, ha permitido un turno largo de fotografías por parte de los medios acreditados.
Posteriormente, y en su primer turno de respuesta, la mujer de Pedro Sánchez ha leído un texto donde ha recordado que hace 25 años que trabaja en consultoría y docencia, y que en este tiempo ha coordinado equipos, dirigido proyectos y asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector.
“Hace 12 años que inicié una colaboración con la universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad, y en 2020 esta colaboración se amplió con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas, y además no remunerada”.
Un discurso que ha sido interrumpido por la portavoz popular, María Mercedes Zarzalejo, en el momento en que la mujer de Sánchez ha hablado de las motivaciones a su entender políticas de la comisión. Zarzalejo pretendía que se limitara a responder sus preguntas, pero la presidenta de la comisión ha permitido que Gómez acabara de leer su escrito.
En este discurso breve, Gómez ha defendido su faceta profesional “creada con mucho esfuerzo y plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país”, y ha afirmado que como la comisión tiene un objetivo político, aconsejada por su letrado, se acogería a su derecho de no responder a las preguntas.
Gómez está siendo investigada desde hace seis meses por el juez Juan Carlos Peinado, que actúa fruto de una denuncia de varios colectivos de ultraderecha como Manos Límpias y Hazte Oír. El juez atribuye a la mujer del presidente del gobierno español delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Hace dos semanas añadió supuestos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por haber inscrito a su favor un software de la Complutense y por la creación de una plataforma tecnológica de la universidad. Peinado también mantiene imputados al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Los populares ponen el acento en la relación profesional entre Gómez y la Complutense desde 2014 hasta septiembre de este 2024, cuando la universidad no renovó ni la cátedra ni el máster que impartía. En 2023 la propia Complutense elaboró un dossier sobre la mujer de Sánchez que concluyó que no se han producido irregularidades.
