La familia de la mujer que murió en el año 2017 tras pasar 12 horas olvidada esperando en Urgencias para ser atendida recibirá 100.000 euros de indemnización. Serán 20.000 € para cada uno de los hijos de la víctima, que aún pueden recurrir contra la sentencia.
Los hechos ocurrieron en diciembre del año 2017 en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, en Jaén. La mujer, que vivía en una residencia de Quesada, comenzó a encontrarse mal y un médico de la localidad decidió su traslado al hospital.
Hasta allí la acompañó una trabajadora de la residencia, pero una vez en el hospital, la dejó a cargo del centro y la trabajadora regresó a la residencia. Eran las 14:00 h y la mujer, que ya había pasado por triaje, se quedó esperando que alguien la atendiera.
Según indican algunas fuentes, existe la posibilidad de que llamaran a la paciente para atenderla, pero debido a su estado, y como estaba sola, no se dio cuenta y el personal sanitario pensó que habría marchado. La mujer, en cambio, era estirada en una camilla esperando su turno.
Hasta doce horas estuvo la paciente esperando que alguien la atendiera. Durante la madrugada, tras el cambio de turno, un sanitario preguntó quién era la mujer que estaba esperando en la camilla, y cuando se acercaron para atenderla, ya estaba muerta.
Un error de prioridad
El juez considera que la mujer llegó a Urgencias en mal estado, y según la sentencia, se le debería haber dado una prioridad más alta, de nivel 2 en lugar de 4.
Este error “y la falta de atención durante su estancia, en la sala con literas, fueron los factores determinantes” de su muerte. Según el juez, si los médicos y profesionales sanitarios hubieran priorizado mejor a la mujer y la hubieran tratado antes, se le podría haber salvado la vida.
En 2019, la Justicia archivó la vía penal del caso, pero los hijos de la mujer, que tenía 64 años, decidieron continuar con una reclamación patrimonial al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Finalmente, el SAS ha admitido que existió “una descoordinación asociada a un cambio de guardia masificada en una paciente con deterioro cognitivo y sin acompañamiento”. Estaban dispuestos a una indemnización de 6.000 euros para cubrir el “perjurio patrimonial”, los costes de desplazamiento de la víctima, su entierro y el funeral.
El juez, sin embargo, ha dado la razón a la familia y les indemnizará con 20.000 € a cada uno, un total de 100.000 €.
