El Gobierno enviará un requerimiento al Estado para reclamar que en la aplicación del índice del precio del alquiler se combine el catalán y el español y no se utilice sólo este último, que incluye un baremo con un índice mínimo y uno máximo. Así lo han explicado fuentes de la Generalitat este miércoles, que han avisado de que este es el paso previo a la presentación de un contencioso administrativo si el Ministerio de la Vivienda no da respuesta en el plazo de un mes y un día desde la presentación del requerimiento.
El Gobierno sostiene que el hecho se aplique un índice homogéneo para todo el Estado contraviene la disposición adicional primera de la propia ley de la vivienda española y asegura que una combinación de los dos índices permitiría abaratar más el precio del alquiler.
El pasado 7 de marzo, la consejera de Territorio, Ester Capella, ya envió una carta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que lamenta que la aplicación del índice catalán no estaba previsto en la propuesta de resolución publicada en la web del ministerio en la que se determinaba el sistema de índice de precios y que tampoco incluía una “colaboración” entre los dos índices “como exige la normativa de aplicación”.
Concretamente, se trata de la disposición adicional primera de la Ley 12/2023 de 14 de mayo por el derecho de la vivienda, que establece que se “promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas”. La Generalitat recuerda que Cataluña ya dispone de su propio índice de regulación de los alquileres desde 2017, cuando se aprobó en el Parlamento de Cataluña, pero que el Estado lo “ignora”.
A partir de ahí, la Generalitat plantea un modelo híbrido y que el índice más bajo de los dos sería el efectivo para el límite máximo del alquiler, sea el catalán o el español. Para argumentar esta petición, el Gobierno elaboró un estudio a partir de cerca de 17.000 viviendas ahora de alquiler y sobre las que se han aplicado los índices catalán, español e índice catalán y español.
Algunas de las conclusiones de este estudio es que el índice de referencia es más bajo que el estatal en el 79% de la muestra analizada y que en un 36% de las viviendas reducirían el alquiler en caso de aplicarse el índice español, un 54% si se aplicara el catalán y un 57% una combinación de ambos. Además, los alquileres afectados caerían un 3,5% de media sólo aplicando el índice estatal, un 6,4% con el catalán y un 6,8% con una combinación de los dos.
Por otro lado, el informe también señala que el índice catalán es especialmente efectivo en las viviendas donde se paga un alquiler más alto. En una cuarta parte de ellos, el índice catalán rebajaría el precio del alquiler en un 11,7% frente a un 7,3% del catalán y el 12,2% de una combinación de ambos.
