ERC habría pagado 50.000 euros para silenciar a los jóvenes que pegaron los carteles contra los Maragall

Los tres jóvenes habían sido identificados por parte de los Mossos d’Esquadra en el marco de la investigación de oficio por presunto delito de odio. Se les había captado a través de una cámara de seguridad y Pau J. fue identificado el 1 de abril de 2023 por una patrulla que fue a un alboroto en un local del Puerto Olímpico, donde aseguró que era uno de los jóvenes que había colgado los carteles vejatorios contra los Maragall. Pau J. se presentó voluntariamente en la comisaría de Igualada y declaró que Gerard F. contactó con él y su amigo Gerard O. para ofrecerles 300 euros a cada uno para colgar cuatro carteles en la ciudad de Barcelona a demanda “de un político de ERC”.

Este “político de ERC” también habría dado un teléfono móvil de alta gama al joven intermediario, Gerard F., para comunicarse y al trascender la identidad de los jóvenes les habría dado 3.000 euros más para que estuvieran “tranquilos y callados”.

Cuando los tres jóvenes fueron citados como investigados, se presentaron con lamisma abogada, Esther Palmes, que, según los acusados, la habría contratado y pagado también ERC. Ante el juez, Gerard F. declaró que la acción había sido encargada por un viejo conocido de Igualada, sin más detalles, y tiempo después Pau J. volvió a comparecer voluntariamente ante los Mossos en Les Corts para comunicar que el encargo lo había hecho un “dirigente de ERC“.

La policía llegó a identificar que el móvil lo había comprado y regalado Víctor L.G., vecino de Igualada y vinculado a ERC de Jorba y de Òdena. Ante el juez, admitió haber regalado el iPhone 13 a su amigo, pero no quiso dar más explicaciones. En la instrucción judicial no aparece el nombre de ningún dirigente de ERC que ordenara los pagos a los jóvenes o estuviera al corriente del encargo de colgar los carteles.