Un total de 114 municipios catalanes, conjuntamente con dos diputaciones y dos entidades han firmado este jueves la ‘Declaración de Girona’, que quiere avanzar hacia una red eléctrica pública. El objetivo es conseguir pequeños ajustes como mejorar la transparencia o que se reconozcan las comunidades energéticas hasta llegar a poder decidir cada ayuntamiento si quiere una red pública energética y “acabar con el oligopolio”.
La presidenta de la Asociación de Municipios y Entidades para la Energía Pública, Patricia Reche, es poder “hacer como pasa con el agua” y decidir si se quiere municipalizar este servicio. Reche celebra que entre las ciudades que se suyan a la declaración están las cuatro capitales de demarcación y pide más implicación de la Generalitat.
Detener el enriquecimiento injusto del oligopolio de las energéticas, incorporar competencia real al sector, reconocer y fomentar la actuación de las comunidades energéticas, mejorar la transparencia y el control público de las empresas e implantar medidas para impulsar la participación de la Generalitat. Todas estas medidas con el fin de llegar “lo antes posible” a tener una red pública de energía que “no mire sólo por el enriquecimiento de unos pocos, sino que sea un servicio público”.
Estos son los principales puntos de la ‘Declaración de Girona’ que se ha presentado este jueves en el auditorio del edificio Jaume Casademont del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona. En total son 116 los municipios firmantes y cuatro entidades, además una Entidad Municipal Descentralizada (EMD).
Entre localidades que lo apoyan, las cuatro capitales de demarcación, un hecho “importante” ya que “demuestra el carácter transversal” de la declaración. En este sentido, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha resaltado que “la hoja de ruta es común para acabar con el negocio de los oligopolios”.
“Al final se trata de recuperar una máxima política clásica, que es hacer política para la mayoría y no como ha pasado en los últimos años donde se ha hecho uso de un bien público por el enriquecimiento de unos pocos”, ha resaltado Salellas.
Un camino difícil
La presidenta de la Asociación de Municipios y Entidades por una Energía Pública (AMEP), Patricia Reche, ha reconocido que el camino no es fácil para poder llegar a hacer público el sistema energético. En este sentido, la legislación actual dificulta el objetivo final, por ello piden la implicación de las administraciones.
Y es que el suministro de energía al estado español es considerado un servicio de interés económico general, pero no está reconocido ni como servicio público ni como derecho fundamental, recuerda Reche. Por ello, lamenta que esta consideración de servicio regulado implica una cierta protección al consumidor pero no asegura la protección del derecho al acceso a la energía.
Dado que llegar a un servicio público de la electricidad no será un camino asequible, la voluntad es empezar a hacer “pequeños ajustes” para avanzar. En este sentido, la presidenta de la AMEP considera que lo más urgente es reconocer a las comunidades energéticas como gestores de la distribución y mejorar la transparencia por parte de las empresas. “Tenemos derecho a los ayuntamientos a tener información sobre la distribución de la energía”, reclama.
Un modelo como el del agua
Finalmente, Reche ha explicado que lo que pretenden es llegar a un modelo comparable con el que actualmente hay en Cataluña con el agua. En este sentido, la presidenta de la AMEP cree que debería haber un gestor público como es la Agencia Catalana del Agua (ACA), pero que fuera cada municipio quien decidiera poder municipalizar el servicio o no, en función de sus necesidades.
