Acusan a los líderes del proceso del desvío de 3 MEUR de fondos públicos

La fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los encausados porque había retirado del cómputo la campaña ‘Civismo’. Por su parte, Societat Civil Catalana, también acusación, reclamaba más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la
“política exterior” desplegada por el Gobierno a través del Diplocat durante los años del ‘procés’.

Aparte de Mas, Puigdemont y Junqueras, otros encausados relevantes son los exconsejeros
Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Neus Munté; exsecretarios generales como A
lbert Royo, Joaquim Nin, Roger Sanaüja, Josep Ginesta o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.

En concreto, el ministerio público reclama 2,2 millones de euros por los gastos de Exteriores y 883.000 euros por el 1-O.
Entre los gastos concretos del 1-O destacan
161.000 euros por el aplicativo referèndum.cat y la llamada ‘llama extra’ para los voluntarios de las mesas electorales;
10.800 euros por el diseño de la campaña de registro de residentes en el exterior y 158.000 por la difusión de la campaña; 2.700 euros por la web del Pacto por el referéndum; 62.000 € por la cartelería del referéndum; 60.000 € de una campaña internacional sobre la imagen de la Generalitat; 83.000 € por la invitación a grupos parlamentarios europeos; 178.000 euros para un equipo de expertos internacionales; 167.000 € para observadores internacionales.
Los gastos de Exteriores no se desglosan, pero incluyen sobre todo los gastos de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y del Diplocat.

Las defensas piden el archivo o la anulación del caso, cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión.
También apuntan que los hechos han prescrito, porque han pasado más de 5 años, algo que la fiscalía rechaza.

Por otra parte, si se acaba aprobando la ley de amnistía es previsible que el grueso de los acusados se puedan beneficiar de esta medida.
De hecho, ERC había pedido suspender la vista por la previsible aprobación de la ley de amnistía.
Aparte de ello, el procedimiento puede tener dos niveles de recurso, en un primer momento en una instancia superior dentro del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, en la sala tercera del Tribunal Supremo.