Els jutjats de Lleida, des de l'entrada a l'Audiència, amb la Seu Vella darrere. ACN
La Audiencia de Lleida juzgará el 5 de febrero a una mujer acusada de estafar más de 90.000 euros a la empresa leridana por la que trabajaba, aprovechando que se encargaba de contratar bienes y servicios, de aprobar facturas de proveedores y de firmar recibos y albaranos.
Según la Fiscalía, la mujer se habría comprado con dinero de la empresa una limpiadora a vapor, teléfonos móviles o un televisor y habría cargado gastos personales en la tarjeta de empresa. Además, habría facturado trabajos de mantenimiento que no consta que se llegaran a hacer y que había contratado a una empresa de su suegro y a su marido. El ministerio público le pide 4 años y medio de prisión por apropiación indebida, una multa de 2.700 euros y la devolución del dinero presuntamente defraudado.
Según el escrito de acusación, la mujer trabajó en la empresa entre 2008 y septiembre de 2020, y era la responsable de encargar y contratar bienes y servicios, de aprobar las facturas de los proveedores, y de firmar las facturas y albarones de los productos que le entregaban. Bajo esta condición, la mujer habría hecho pagar a la empresa varios artículos y productos que ella se habría quedado.
El ministerio público detalla que la trabajadora habría emitido facturas por herramientas, aires acondicionados, una limpiadora a vapor, soportes para televisores, ocho teléfonos móviles, un pulsómetro, un televisor, pantallas o mascarillas. Son artículos que ella misma habría ido a recoger o que le entregaron a su casa, y que la empresa no recibió nunca. Fiscalía también le acusa de cargar gastos personales en la tarjeta de empresa.
Al mismo tiempo, el ministerio fiscal sostiene que la mujer emitió facturas en beneficio de una sociedad que se constituyó en 2020 y que tenía al suegro como administrador único y al marido como socio. En este caso, ella habría aprobado pagos de casi 14.000 euros por unos supuestos trabajos de mantenimiento que no consta que se llegaran a hacer.
La Fiscalía ha cifrado en 91.573,69 euros el perjuicio total para la empresa y solicita para la mujer una pena de 4 años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida. También reclama la imposición de una pena de multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros y el pago de una indemnización para la empresa equivalente al dinero del que se habría apropiado.
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