En política, a menudo hay debates que se intentan simplificar con etiquetas ideológicas. Pero hay cuestiones que van más allá de las diferencias partidistas y que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía. La lucha contra la multirreincidencia delictiva es una de ella. No se trata de una cuestión de derechas o izquierdas; se trata de justicia y respeto.
Junts per Catalunya somos el único partido que ha presentado una iniciativa en el Congreso para luchar contra este problema. No es sólo una cuestión de seguridad, sino de justicia social. No podemos permitir que la impunidad de unos pocos ponga en riesgo la convivencia y el bienestar de la mayoría.
El respeto como pilar de la justicia social
La justicia social es un concepto amplio que a menudo se asocia a la protección de los más vulnerables. Y es cierto: una sociedad avanzada debe garantizar ayudas para quien más lo necesita. Pero la justicia social también debe incorporar el respeto a los demás: a las personas, a sus ideas, a sus creencias y, por supuesto, a su propiedad.
La propiedad no es un privilegio, ni una cuestión secundaria. Es el fruto del esfuerzo, del trabajo realizado durante años, del sacrificio personal o familiar. Y, como cualquier otro derecho, debe ser protegida. Cuando se tolera la multirreincidencia, como está pasando en l’Horta de Lleida y en tantos otros municipios del territorio, se está enviando el mensaje de que este esfuerzo no tiene valor, que las personas honestas no tienen protección ante quien actúa al margen de la ley.
Seguridad y justicia: un debate que no admite demagogia
Cuando defendemos medidas para combatir la delincuencia, el portavoz de la otra fuerza catalana en el Congreso nos acusa de ser de derechas, de querer criminalizar a determinados colectivos o de tener una visión punitivista. Nada más lejos de la realidad. La seguridad es un derecho fundamental de toda la ciudadanía, ya que sin sensación de seguridad, no podemos tener calidad de vida. Nosotros defendemos reformas que permitan sancionar con más eficacia a los delincuentes habituales y evitar la reincidencia sistemática. Ello no implica ser más duros sin sentido, sino garantizar que el sistema penal sea efectivo y proporcional.
Resulta paradójico que algunos sectores que se proclaman defensores de la justicia social no vean que permitir la multirreincidencia es, precisamente, una injusticia. No hay nada de progresista al defender la impunidad. Quien cumple la ley tiene derecho a vivir con seguridad, y quien la transgrede debe asumir sus consecuencias. “Quien la hace, la paga” no es un eslogan electoralista; es la base de un sistema justo y equitativo.
La multirreincidencia: una amenaza para la convivencia
Cuando hablamos de multirreincidencia, no nos referimos a casos aislados, sino a una problemática que afecta a miles de ciudadanos cada día. ¿Cómo puede ser que individuos con decenas de antecedentes continúen delinquiendo sin consecuencias? Esta impunidad también debilita la confianza en el sistema judicial y policial.
No podemos olvidar que la inseguridad afecta especialmente a los sectores más vulnerables: comerciantes que ven como los hurtos se repiten impunemente, personas mayores que tienen miedo de salir a la calle, trabajadores que ven como su esfuerzo se destruye por la delincuencia. Luchar contra la multirreincidencia es también proteger a estas personas.
Por eso proponemos medidas concretas para asegurar que la reincidencia tenga consecuencias reales, reforzando la protección de las víctimas y dotando a las fuerzas de seguridad de más herramientas para actuar. Al mismo tiempo, apostamos por una política de reinserción efectiva, porque el castigo, por sí solo, no es suficiente si no va acompañado de oportunidades reales de cambio.
Por una sociedad segura y justa
El debate sobre la seguridad no puede quedar secuestrado por prejuicios ideológicos. La convivencia depende de normas claras y de un compromiso colectivo con el respeto. La ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo, y los delincuentes no pueden ser los únicos que gocen de impunidad.
Desde Junts per Catalunya seguiremos trabajando por una sociedad donde las personas de bien puedan vivir tranquilas, con la certeza de que la ley protege sus derechos.
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